La ministra Alicia Araneda descartó una conexión entre diversas muertes de jóvenes con una presunta asociación ilícita conformada por empresarios, autoridades judiciales y efectivos de Carabineros y el Ejército.

"Hay hartas cosas raras que no coinciden", sostuvo la familia. Uno de los fiscales a cargo de la investigación, Patricio Jory, admitió que en la carpeta no hay antecedentes que apunten a un suicidio.

El denominado "caso Aysén" provocó no solo cuestionamientos a la magistratura - que insistió en catalogar como suicidios los fallecimientos de Víctor Hugo Barría, Leandro Morales Pérez, Juan Carlos Machuca, Roberto Lagos Flores, Fabián Díaz Nahuelquin, Paulina Gómez Gómez, Rodrigo Barichivich y Yenni Yefi Calderón, entre otros -, sino que también arrastró al mundo político.

El religioso apuntó a expedientes que desaparecieron misteriosamente en los incendios de tribunales de Coyhaique, donde se involucró a funcionarios del Poder Judicial. "Quisiera pensar que no existe el miedo que hubo en el caso Aysén, que fue muy justificado, porque hubo testigos atemorizados y otros tergiversados", señaló respecto a causas que siguen generando "dudas y cuestionamientos", como las de María Vargas, Carmen Montiel y Nabila Rifo.

El poeta Eleodoro Sanhueza ahondará en pistas que podrían llevar a unir los fallecimientos de Puerto Aysén con una causa por tráfico de drogas que desapareció tras los siniestros que afectaron a tribunales de la región.

Hace más de diez años en la Región de Aysén, policías, funcionarios judiciales, empresarios y militares, fueron sindicados como integrantes de una supuesta organización de tráfico de drogas que movilizaba grandes cantidades de cocaína entre Coyhaique y la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia para abastecer el mercado negro español.

El vocero de la Agrupación de Familiares de las Víctimas del Río Aysén acusó a la autoridad de proteger a funcionarios de Carabineros que estarían involucrados en la muerte de su sobrino Victor Hugo Barría. Sectores de la Nueva Mayoría piden la renuncia de la militante DC por "tapar la verdad" en el proceso que indagó los eventuales nexos de militares y empresarios aiseninos con tráfico de cocaína.

“Cuando hay gente importante, nunca se llega a la verdad y se van tapando las cosas”, dice Gladys Mardones, madre de uno de los jóvenes fallecidos en el denominado Caso Aysén. La también integrante de la Agrupación de Familiares y Amigos de las Víctimas del Río Aysén se mostró conforme con los avances en la investigación del caso Matute, e instó al Poder Judicial a resolver los procesos que aún están pendientes en el sur austral.

El procurador fiscal de Coyhaique se opuso a revelar información de sus nexos con el cuestionado empresario Carlos Vicentini Rogel, señalando que ésta “no puede tener hoy en día utilidad, como no sea tratar de un modo bastante bajo de enlodar mi nombre y mi prestigio”.