Tras el fallo de septiembre pasado, en el cual un tribunal del CIADI dio por finalizado el largo litigio entre Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende (FPA), surgieron informaciones sobre un aparente conflicto de interés entre los árbitros del citado tribunal con el Estado de Chile, por lo cual los litigantes presentaron una propuesta de recusación de los letrados. El largo juicio sigue adelante.

El caso Clarín, proceso que lleva 20 años en el tribunal internacional del CIADI, sufrió un nuevo vuelco. El falló de septiembre pasado, que favoreció al Estado chileno y le negó una indemnización al dueño del confiscado periódico, estaría viciado en cuanto se ha constatado que los abogados que el estado chileno ha contratado para juicios internacionales pertenecen al mismo bufete británico que los jueces del CIADI.

El martes 13 de septiembre el tribunal internacional del CIADI le comunicó a Víctor Pey, dueño del diario Clarín expropiado en 1973, que el Estado de Chile no le pagará ninguna indemnización por la confiscación de sus activos. Semanas más tarde ha tenido información fidedigna de contactos y pagos irregulares entre el gobierno chileno y el bufete de abogados al cual pertenecen dos de los jueces del tribunal que tomó la decisión.

El largo juicio entre Víctor Pey, que demanda una indemnización dl Estado chileno por la expropiación del diario Clarín, ha dado un sorpresivo vuelco. El fallo del tribunal internacional del CIADI, que le negó una compensación, habría estado presionado por el gobierno chileno. Se habla de cohecho a dos de los tres jueces que formaron ese tribunal.

Tras la sentencia del tribunal arbitral internacional del caso Clarín, los demandantes -Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende han presentado una demanda que sostiene que el Estado de Chile mantuvo contactos "duraderos" con el bufete de abogados al que pertenecen los jueces del tribunal. El Ciudadano publica la versión completa de la demanda.

Un reciente y sorpresivo fallo del tribunal internacional del CIADI favoreció al Estado chileno contra Víctor Pey y la Fundación Presidente Allende, dueños del tradicional diario CLARIN, quienes piden una indemnización por la expropiación del periódico. Ayer, los demandantes informaron que hay relaciones irregulares y oscuras entre el Estado de Chile y la empresa de abogados a la que pertenecen dos de los tres jueces de ese tribunal.