En esta declaración pública, firmada por más de 75 organizaciones sociales y ambientales, 4 concejales y una diputada, se hace un llamado urgente a no prosperar con las prórrogas, ni las modificaciones de la infame Ley de Riego, que beneficia a los grandes del monocultivo y la agroexportación, en desmedro de las comunidades, su acceso al agua y a la agricultura campesina familiar. Los territorios demandan una nueva ley, integral, para asegurar soberanía alimentaria y en resguardo de las cuencas y ecosistemas.
