Desde el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) seguimos en la lucha por la recuperación y defensa del agua para las comunidades y los territorios, y para ello es necesario terminar con el modelo privado y mercantil de las aguas y la concentración de este derecho humano y de la naturaleza en manos de la codicia, el lucro y el poder.

La primera infracción, que resultó en una multa superior a los $430 millones, se debió a la extracción no autorizada de aguas superficiales y subterráneas. Mientras que la segunda, por aproximadamente $228 millones, fue motivada por no haber cumplido con la distribución establecida por la Junta de Vigilancia del río Choapa.

A nivel regional, Valparaíso lidera la cantidad de fiscalizaciones resueltas (278), seguido por Coquimbo (188) y La Araucanía (173). La Región de Valparaíso también lidera el total de multas cursadas, con más de 2.500 millones de pesos.

Desde la organización ambientalista y territorial calificaron esta situación como "alarmante y contradictoria" con los contenidos del derecho humano al agua, y llamaron a apoyar una iniciativa popular de norma ingresada por ellos, denominada "Agua para la vida".

Iniciativa reconoce, expresamente, que los glaciares son ecosistemas complejos asociados a su entorno, ambientes glaciares y ambientes periglaciares y que son parte del ciclo hidrológico de las aguas.

"Hemos propuesto un artículo transitorio para que la nueva Constitución cree una comisión especial con el mandato de redistribuir las aguas a nivel país". Dicha comisión caducará los derechos de los grandes propietarios de aguas en igual proporción al agua necesaria para resguardar a las personas y la naturaleza. "Es decir, ni los pequeños y medianos usuarios de agua serán afectados por esta redistribución y, al contrario, se beneficiarán de recuperar nuestros ríos".

Situación ocurre en la comuna de San Clemente, específicamente en la localidad de Almerillo, en la Región del Maule. Habitantes realizarán denuncia a la Dirección General de Aguas, DGA.

A semanas de asumir el nuevo gobierno y con un proceso constituyente en curso, la pregunta es si vale la pena cambiar el Código de Aguas cuando la principal norma que es la Constitución será la que a fin de cuentas sentará las bases de la gestión de este elemento vital, para el ser humano y los ecosistemas. La respuesta es sí. Es importante.

Entre sus principales puntos, el proyecto consigna que el derecho al agua y saneamiento se declara como un derecho humano esencial e irrenunciable, debiendo ser garantizado por el Estado.

Con esta aprobación, se pone límite a la figura del pago por no uso, que hoy permite la acumulación de derechos de agua con fines especulativos.