Reforma al Código de Aguas es despachada a ley tras más de 10 años de tramitación en el Congreso

Entre sus principales puntos, el proyecto consigna que el derecho al agua y saneamiento se declara como un derecho humano esencial e irrenunciable, debiendo ser garantizado por el Estado.

Este miércoles aprobó en forma unánime en el Senado el proyecto de ley que reforma el Código de Aguas. Con esto, la iniciativa que modifica el Código de Aguas de 1981, sorteó su último trámite legislativo para ser promulgada como Ley.

Por unanimidad y en sesión ordinaria, la Cámara Alta respaldó el informe de la Comisión Mixta del proyecto, el cual había sido aprobado este lunes en la Cámara de Diputados con 129 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

El proyecto lleva más de 10 años en tramitación en el parlamento y busca limitar el derecho de aprovechamiento en el uso de aguas, declarando estas como bienes de uso público. Por lo que su uso pertenecería a todos los integrantes de la nación.

La iniciativa fue ingresada el año 2011 a la Cámara. Desde allí, se despachó a segundo trámite en noviembre de 2016; radicándose desde entonces en el Senado hasta agosto de 2021.En su tercer trámite, se rechazaron 18 enmiendas, lo que provocó la creación de la mixta, presidida por la senadora Adriana Muñoz (PPD).

Entre los cambios que realizó la mesa conformada por ambas cámaras, se indica que estos derechos ya no serán indefinidos, sino que temporales hasta 30 años, mientras que los derechos existentes continuarán vigentes, debiendo caducar por su no uso o no inscripción en el período que se abre, quedando sujetos a las nuevas normas de ley.


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Además, se amplía la protección de las aguas a cualquiera de sus estados, prohibiendo constituir derechos sobre glaciares; se penaliza la especulación y acaparamiento de derechos de agua, aumentando el valor de las patentes, incluso caducando los derechos por su no uso.

Entre sus principales puntos, el proyecto consigna que el derecho al agua y saneamiento se declara como un derecho humano esencial e irrenunciable, debiendo ser garantizado por el Estado.

De igual forma, la ley establece mejoras en el sistema de registro de agua, quedando en el Conservador de Bienes Raíces y en el sitio de la Dirección General de Aguas (DGA).Dicha entidad, estará a cargo de un sistema de investigación y monitoreo permanente de cuencas y la creación de un plan estratégico de recursos hídricos con el fin de propiciar la seguridad hídrica del país; y que se extiende la protección de las turberas hacia toda la provincia de Chiloé. refiere Radio U. Chile.

De acuerdo al nuevo texto, se establece la prohibición de llevar a cabo la construcción de sistemas de drenaje en las zonas que hayan sido identificadas como áreas protegidas por el inventario nacional de humedales, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente.

La norma será aplicable en la provincia de Chiloé, y en las regiones de Aysén y de Magallanes. Y por otro lado, la Dirección General de Aguas contará con facultades para delimitar las áreas protegidas, de manera que podrán desarrollarse proyectos públicos y privados de conectividad vial, siempre y cuando se asegure la mantención de dichos sistemas ecológicos.

Asimismo, la reforma al Código de Aguas dispone de mayores límites a aquellos concesionarios mineros que mantengan derechos vigentes. Así, se establece que las aguas que sean halladas deberán ser registradas ante la Dirección General de Aguas (DGA) en un plazo de tres meses, y su uso no podrá «poner en peligro la sustentabilidad de los acuíferos». Pues, en caso de incumplir con este último punto, a partir de la verificación realizada por la DGA, el organismo contará con facultades suficientes para limitar su aprovechamiento.

Se penaliza la especulación y acaparamiento de derechos de agua, aumentando el valor de las patentes e incluso caducando los derechos por no uso.

Después de la votación, el senador Alfonso de Urresti (PS) destacó que lo conseguido “no es todo lo que quisiéramos, pero avanza en caducidad, en extinción de derechos, en reconocer el agua como un bien nacional, que la prioridad es el consumo humano”.


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