En ocasiones anteriores nos hemos referido al proyecto de cuatro torres de 32 pisos c/u de la empresa Fundamenta, ejecutándose en la comuna de Ñuñoa, por el cual el juez Sergio Muñoz formuló exigencias técnicas que molestaron al inversionista, quien, como represalia, lo denunció por unas presuntas ayudas a su hija, también jueza, lo que significó su destitución del Poder Judicial.

En enero de 2020, tanto Gonzalo Prieto como la fundación Defendamos la Ciudad ingresaron sendas denuncias en la Contraloría General de la República (CGR) y en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Desde hace pocos años, con la utilización masiva de la Inteligencia Artificial, las redes sociales y los teléfonos celulares, casi todo se sabe y por lo tanto es más sencillo hallar los engaños, siempre y cuando exista la voluntad de enfrentarlos, lo que sí está haciendo con convicción la Contraloría.

Recientemente supimos por la prensa que la Contraloría había detectado innumerables malas prácticas en la denominada Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente (AMZO), conformada por las «ilustres» municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, organismo que en febrero de 2024 había sido disuelto por un motivo que este columnista desconoce.

ME-O criticó el silencio de la carta presidencial de Chile Vamos, ante el informe de la Contraloría que reveló que la AMZO, que agrupaba a las Municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, dirigidas por alcaldes de la UD, RN y Evópoli, pagó más de $1.300 millones por un proyecto que no llegó a término.

Para la obtención de mucha riqueza, los mercaderes tienen que saltarse las reglas del juego y si el Estado desea evitar la repetición de este tipo de hechos tan corruptos, tendrá que entregarle mayores recursos a la Contraloría.

Lo común es lo único que puede salvarnos. Y reconstruirlo es la única tarea verdaderamente urgente de nuestro tiempo.

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini solicitaron a la Contraloría General de la República un informe detallado sobre contratos que parlamentarios en ejercicio hayan celebrado con el Estado, abriendo la puerta a posibles destituciones por inhabilidad constitucional y reconfigurando el panorama político chileno.

Ya es vox populi que es en los municipios donde se ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas.

ANEF expresó su preocupación por el informe de la CGR que reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica y extendió un llamado a las autoridades a investigar a fondo a todos quienes estén detrás de estos hechos y dictar las sanciones correspondientes.