Preocupa que una institución como el Consejo Fiscal Autónomo, que debiera contribuir al debate plural desde la técnica, opte por cerrar filas en torno a una única perspectiva económica, limitando la deliberación pública y debilitando el rol que debería cumplir en una sociedad democrática: asesorar sin dogmas, con apertura y responsabilidad institucional.

Recordemos que el DRC (Derecho Real de Conservación) es un instrumento legal creado en Chile para fomentar la protección voluntaria de los ecosistemas en terrenos privados, y, conforme lo dice su ley, permite a los propietarios de terrenos rurales establecer un contrato diseñado para “conservar el patrimonio ambiental de un predio”.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la experiencia nos indica que solo la Contraloría, aunque a veces se demora más de la cuenta, es la única que analiza en profundidad y resuelve las fundadas acusaciones que le formulamos.

El organismo fiscalizador identificó gastos injustificados, uso indebido de recursos públicos y posibles intervenciones electorales en más de 30 municipios.

La Contraloría cuestionó la millonaria contratación del exdiputado Camilo Morán en la Municipalidad de La Florida, tras constatar que sus funciones no guardaban relación con los objetivos institucionales. Morán, percibió más de $22 millones por labores que la entidad calificó como improcedentes y de carácter político-partidista.

La exalcaldesa socialista denuncia posible uso indebido de recursos municipales en visita de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Al analizar el lobby marroquí, sus objetivos son muy similares al de su hermano putativo sionista. Primero, contrarrestar el apoyo y reconocimiento a la causa saharaui e impedir, por tanto, su derecho a la autodeterminación en todos los organismos y foros internacionales. En segundo lugar, financiar a políticos y parlamentarios de tal forma de conformar comités chileno-marroquí y con ello el concretar grupos de presión que apoyen a la monarquía marroquí.

Dadas las características de los hechos conocidos, de alcance regional y nacional, sería bienvenido que también se alzara la voz para pedir mayor fiscalización y respuestas. En tragedias que ya no son sólo de carácter socioambiental; se relacionan con la vida de compatriotas.

Como conocedores de este episodio, tenemos el deber de reconocer el correcto comportamiento de la ex alcaldesa, Carolina Leitao, quien, como competente abogada, siempre hizo valer la ley.

El concejal Michael Urra (FA), cuestionó la presencia del candidato presidencial en un recinto de salud, acompañado por el alcalde Eduardo Espinoza (PRCH), y formalizó una denuncia ante la Contraloría por presunta infracción al principio de probidad administrativa.