Corte de Apelaciones de Santiago estableció el actuar arbitrario e ilegal del municipio, al retirar y destruir el pequeño comercio, sin notificar a su dueña, en enero de este año.

En su fallo, el Máximo Tribunal reconoce que los militares son funcionarios públicos y, por ende, sus derechos son susceptibles de ser cautelados a través del procedimiento de tutela por vulneración ocurridos en el contexto de la relación laboral.

Esto, tras admitir el recurso de apelación interpuesto por el parlamentario luego que el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago declarara inadmisible la denuncia interpuesta en contra de las personas responsables por los daños provocados a causa de la donación de ventiladores defectuosos.

Se sancionó al canal por vulnerar la norma que prohíbe exhibir contenidos audiovisuales que dañen o pongan en riesgo la salud e integridad física y psíquica de la población.

En menos de una semana a Mauricio Hernández Norambuena no solo se le negó el traslado desde la Sección de Máxima Seguridad a la Cárcel de Alta Seguridad por parte de la Corte de Apelaciones, sino que además fue traslado a la Cárcel de Rancagua. Dos situaciones abren el debate en torno a una pronta libertad, o en su defecto, la necesidad que sea trasnferido a un lugar donde cumpla una pena con normalidad y en la cual se respeten sus derechos fundamentales básicos.

La Corte Suprema no consideró admisible este recurso debido a que las distintas etapas de amparo al acceso a la información garantizaron que la decisión fue tomada en total legalidad.

La intervención que ha afectado al Cerro El Plomo, incluyendo al milenario camino del Inca, se relaciona con la responsabilidad de distintas entidades privadas, con la permisividad de instituciones públicas.

Esta jornada finaliza el plazo para que el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos responda a lo ordenado por el tribunal de alzada capitalino, informando de los fundamentos que consideró para otorgar este beneficio al ex director de la DINE, Hugo Prado Contreras, quien -según se dio a conocer- fue beneficiado mientras cumplía su condena, a cinco años y un día, por su participación en el secuestro calificado de cinco militantes del FPMR en septiembre de 1987.

El senador Alejandro Navarro se querelló contra el presidente Sebastián Piñera y su asesora María Magdalena Díaz por las llamadas telefónicas a La Red.

Corte de Santiago condenó a 10 años y un día de presidio a Fernando Galvarino Valenzuela Romero, capitán a cargo de las operaciones de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Santiago en esa época.