La investigación desarrollada por la justicia determinó que durante la década de los ochenta existió en la ciudad de San Fernando una red integrada por abogados, sacerdotes de la Iglesia Católica, miembros de organizaciones sociales, funcionarios de salud y una jueza que entregó en adopción a niñas y niños cuyas madres eran de escasos recursos, a parejas extranjeras previo pago de sumas de hasta 50 mil dólares.

Pese a que la madre, quien padece leucemia linfocítica con anemia hemolítica, vendió una propiedad, en términos desventajosos, con el fin de pagar la deuda pendiente, el Colegio Alemán decidió no renovar la matrícula de la niña. Una acción que fue calificada por la Corte de Apelaciones como carente "de proporcionalidad, razonabilidad y justificación".

El empresario investigado por el Caso Factop relacionado con una presunta red de delitos económicos, alcanzó a estar solamente diez días en su casa cumpliendo arresto domiciliario.

La fiscal regional Claudia Perivancich asume las indagatorias por tráfico de influencias y cohecho que salpican a ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte de Apelaciones acogió el recurso de protección interpuesto por un cliente que alegó que Enel le estaba cobrando arbitrariamente más de lo que correspondía y le ordenó a SEC proceder a fiscalizar el cumplimiento de la refacturación de consumo ordenada a la empresa eléctrica.

Como conocedores de este episodio, tenemos el deber de reconocer el correcto comportamiento de la ex alcaldesa, Carolina Leitao, quien, como competente abogada, siempre hizo valer la ley.

La FNE le solicitó a las universidades datos personales de sus estudiantes para el desarrollo de un estudio de mercado sobre la educación superior y las amenazó con aplicarles multas si no lo hacían.

La casa de estudios fue multada "por no exhibir toda la documentación exigida que deriva de las relaciones de trabajo necesarios para efectuar las labores de fiscalización".

H&M fue sancionada por la Inspección del Trabajo con una multa total de 120 UTM, por incumplimientos del contrato colectivo vigente.

La Corte de Apelaciones de Santiago determinó que Tottus "no adoptó las mínimas medidas de seguridad para garantizar su cuidado mientras los clientes desarrollaban sus compras".