La justicia determinó que Chilevisión actuó de forma negligente al emitir el reportaje sobre el caso conocido como “Hijitus de la Aurora”. ya que "dio por hecho delitos de orden sexual contra menores, situaciones que aún estaban en plena etapa investigativa por parte del Ministerio Público".

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó que el Banco Santander deberá pagar el 30% de recargo sobre la indemnización legal por años de servicios, a un vigilante que laboró para la entidad financiera por casi tres décadas y fue despedido de forma injustificada.

El penalista de 68 años, imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, entre otros ilícitos de carácter económicos, ingresará nuevamente al Anexo Penitenciario Capitán Yáber para cumplir con lo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, tras determinar que su "libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".

La Corte Suprema determinó que la retractación por parte de Salfa “se produjo con posterioridad a la aceptación de la oferta” y que las juezas denunciadas "incurrieron en la falta o abuso que se les reprocha al no ajustarse a la legislación que rige la materia".

El trabajador indicó que aproximadamente 2 semanas después a su despido, la empresa puso a alguien más a trabajar en su puesto de trabajo, aunque el centro de salud señaló que el despido era por necesidad de la empresa.

Desde Fiscalía confirmaron que continuarán con diversas diligencias, para determinar la responsabilidad de los involucrados.

El desaforado parlamentario, quien fue formalizado por los delitos de abuso sexual reiterado y violación de una niña deberá regresar a prisión preventiva tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Talca.

La exalcaldesa de Antofagasta-condenada por fraude al fisco- buscaba optar a la libertad vigilada al solicitar que se le reconociera el tiempo que ha estado privada de libertad en Países Bajos.

La Corte de Apelaciones de Concepción determinó que la aparición de las niñas en la cobertura del denominado caso Convenios no guarda relación con el hecho noticioso.

Los funcionarios habrían exigido dinero a conductores bajo amenazas de detención. La Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó su ingreso a prisión preventiva tras determinar que constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.