The Iquique Court of Appeals has confirmed sentences of 16 and 10 years for former sailors Sergio Pérez and Christopher Garrido, condemning them for the homicide of Milton Domínguez, a 61-year-old Colombian migrant who was using crutches and in a vulnerable state after losing a leg.

La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó las penas de 16 y 10 años aplicadas a los exmarinos Sergio Pérez y Christopher Garrido por la brutal golpiza, ocurrida en 2023 que acabó con la vida de Milton Domínguez, un migrante colombiano de 61 años, que se encontraba en condición de vulnerabilidad, tras haber perdido una […]

Users accuse Chilean television of exaggerating crime during the campaign and making it disappear after the elections, labeling it as political media manipulation. The criticisms have sparked widespread posts on social media, where users ironically comment on the abrupt "end" of carjackings on screen.

Usuarios acusan a la televisión chilena de haber sobredimensionado la delincuencia en campaña y hacerla desaparecer tras las elecciones, calificándolo de manipulación política mediática. Las críticas han generado masivas publicaciones en redes sociales, donde se ironiza sobre el abrupto "fin" de los portonazos en pantalla.

The law standardizes the crime of extortion across all 32 federal entities, closing legal loopholes that have enabled impunity for years. This uniform legal framework will facilitate a coordinated and effective national response, establishing penalties of up to 42 years in prison for those who commit this crime.

La Ley contempla la homologación del delito de extorsión en las 32 entidades federativas, cerrando vacíos legales que durante años facilitaron la impunidad. Este marco jurídico uniforme permitirá una respuesta nacional coordinada y eficaz. Asimismo, establece hasta 42 años de prisión a quienes cometan este delito.

·The Cavalry School trainee was executed by an Army patrol during an alleged escape attempt in June 1975 in Quillota.

El soldado practicante (en formación) de la Escuela de Caballería fue ejecutado por una patrulla del Ejército en un supuesto intento de fuga, en junio de 1975, en la comuna de Quillota.

Información obtenida vía Transparencia por el medio digital Resumen, revela graves y sistemáticas falencias en el control y custodia del armas y municiones por parte del Ejercito, generando alarma sobre su destino final y potencial desvío al crimen organizado.

La jueza del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, defendió su accionar, negando cualquier intención dolosa y atribuyendo el error a un problema administrativo. Además, desmintió categóricamente las acusaciones de haberse quedado dormida durante la audiencia de formalización.