En estos días se han conocido opiniones de algunos actores políticos que han puesto su esfuerzo en bajar la edad de imputabilidad, de 14 a 12 años, impactando directamente en la niñez.

El abogado de la Fundación Amparo y Justicia, Héctor Arancibia, informó que la misma ya realizó una presentación ante la Corte de Apelaciones de Concepción para solicitar se les permita intervenir como parte

Actualmente, el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria está funcionando en Costa Rica, donde se implementó en enero de 2022; en Argentina desde la primera semana de mayo de este año; y a partir de hoy en Chile.

El profesional precisó que la ley ampara a quien detiene a una persona cometiendo un delito, para entregarlo a las autoridades judiciales, pero si a esa detención le agrega golpes y lo intimida, ese ciudadano está cometiendo un delito

En este artículo se analizan los principales aspectos de la respuesta judicial frente a la rebelión popular de octubre de 2019 en Chile, y en especial los procesos de criminalización de quienes han sido imputados de participar en la comisión de delitos políticos y comunes en dicho contexto.

El caso responde a la querella interpuesta por el abogado Fernando Leal, a raíz de que los 21 ministros revocaran una decisión jurisdiccional adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, en la que en el año 2020 otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.

El caso contra los magistrados fue por una denuncia del abogado Fernando Leal, luego de que revocaran la decisión del juez Daniel Urrutia, de otorgar libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.

Internas mostraron preocupación por la suspensión indefinida de las visitas presenciales, que desde que comenzó la crisis sanitaria se prohibieron en todos los centros penitenciarios del país.

El machi Celestino Córdova lleva casi 100 días en huelga de hambre como medida de presión al Gobierno para que se aplique el Convenio 169 y pueda cumplir su condena en arresto domiciliario.

En el Juzgado de Garantía de Temuco fue formalizado Mauricio Alarcón, funcionario de la Defensoría Penal Pública (DPP), quien inventó un atentado contra un fiscal y la familia Luschinger, inculpando a su ex como «plan de venganza»