The Supreme Court ordered Aysén to reevaluate two Indigenous ECMPOs with dialogue and technical basis after deeming previous rejections arbitrary. However, the Regional Government called a vote without notifying the communities, overlooking the ruling and denying the requested opportunity for dialogue. This action undermines due process and established Indigenous rights.

La Corte Suprema ordenó a Aysén reevaluar con diálogo y base técnica dos ECMPO indígenas, tras declarar arbitrarios sus rechazos. Sin embargo, el Gobierno Regional convocó una votación sin notificar a las comunidades, ignorando el fallo y negando la posibilidad de diálogo solicitado. La acción vulnera el debido proceso y derechos indígenas consolidados.

Presidential candidate José Antonio Kast, during his tour of Los Lagos, minimized the urgency for the Chiloé region and harshly criticized the Lafkenche Law, alleging "abuses" and proposing to veto requests. These statements contrast with official reports that find no formal complaints of misuse of the law, questioning the factual basis of his proposals.

El candidato presidencial José Antonio Kast, en gira por Los Lagos, quitó urgencia a la región de Chiloé y criticó duramente la Ley Lafkenche, alegando "abusos" y proponiendo vetar solicitudes. Estas declaraciones contrastan con informes oficiales que no registran denuncias formales por mal uso de la ley, cuestionando el sustento factual de sus propuestas.

Seeking a stay order, the Yagán family argued before the Punta Arenas Court that the eviction violates ILO Convention 169 and disregards that the land was returned in 1994; their lineage connects to Úrsula and Cristina Calderón.

Con orden de no innovar solicitada, la familia yagán alegó ante la Corte de Punta Arenas que el desalojo vulnera el Convenio 169 y desconoce que el terreno fue restituido en 1994; su linaje remite a Úrsula y Cristina Calderón.

La Coordinadora Arauco-Malleco rechazó que su lucha sea catalogada como terrorismo y afirmó: “Terrorismo es la militarización del Wallmapu”. Emplazó al Gobierno “seudo progre” y a la derecha por criminalizar la recuperación territorial y la Autonomía.

Dos muertes, dos relatos: mientras un bautismo evangélico fue tratado como accidente trágico, una ceremonia mapuche fue criminalizada. El racismo mediático en Pilmaiquén revela jerarquías religiosas y un territorio en disputa.

Comunidades y autoridades mapuche lafkenche de la Araucanía rechazan el reinicio de evaluaciones gasíferas de ENAP en su territorio. Alertan sobre gravísimos impactos en la salud, contaminación del aire y agua, y daño al ecosistema marino. Exigen la suspensión inmediata del proyecto, invocando normas indígenas y el derecho a consulta previa. Constituyen mesa de trabajo por la defensa del LafkenMapu.

La industria salmonera, tras generar colapso sanitario y ambiental en varias zonas de Los Lagos y Aysén, continúa presionando por expandirse en la Patagonia austral amenazando áreas protegidas y especies únicas. Comunidades indígenas y científicos denuncian lobby intenso y falta de fiscalización. Por su parte, en Argentina, intentan modificar la pionera Ley 1355 que prohíbe la actividad en Tierra del Fuego, ejemplo mundial de protección binacional.