Seeking a stay order, the Yagán family argued before the Punta Arenas Court that the eviction violates ILO Convention 169 and disregards that the land was returned in 1994; their lineage connects to Úrsula and Cristina Calderón.

Con orden de no innovar solicitada, la familia yagán alegó ante la Corte de Punta Arenas que el desalojo vulnera el Convenio 169 y desconoce que el terreno fue restituido en 1994; su linaje remite a Úrsula y Cristina Calderón.

La Coordinadora Arauco-Malleco rechazó que su lucha sea catalogada como terrorismo y afirmó: “Terrorismo es la militarización del Wallmapu”. Emplazó al Gobierno “seudo progre” y a la derecha por criminalizar la recuperación territorial y la Autonomía.

Dos muertes, dos relatos: mientras un bautismo evangélico fue tratado como accidente trágico, una ceremonia mapuche fue criminalizada. El racismo mediático en Pilmaiquén revela jerarquías religiosas y un territorio en disputa.

Comunidades y autoridades mapuche lafkenche de la Araucanía rechazan el reinicio de evaluaciones gasíferas de ENAP en su territorio. Alertan sobre gravísimos impactos en la salud, contaminación del aire y agua, y daño al ecosistema marino. Exigen la suspensión inmediata del proyecto, invocando normas indígenas y el derecho a consulta previa. Constituyen mesa de trabajo por la defensa del LafkenMapu.

La industria salmonera, tras generar colapso sanitario y ambiental en varias zonas de Los Lagos y Aysén, continúa presionando por expandirse en la Patagonia austral amenazando áreas protegidas y especies únicas. Comunidades indígenas y científicos denuncian lobby intenso y falta de fiscalización. Por su parte, en Argentina, intentan modificar la pionera Ley 1355 que prohíbe la actividad en Tierra del Fuego, ejemplo mundial de protección binacional.

La Comunidad Atacameña de Coyo solicitó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta paralizar la Consulta Indígena llevada por la Corfo, la que persigue el consentimiento de las comunidades lickanantay para el acuerdo SQM-Codelco. Se acusa que los temas incluidos en el proceso fueron predefinidos sin participación, excluyéndose temas claves como los contratos y las cuotas de producción, además de efectuarse en plazos inadecuados para el calendario de cosecha de los pueblos atacameños. También se exige incluir en la consulta el tema del potasio.

El organismo destaca la necesidad de reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y de implementar medidas de reparación urgentes para resolver el histórico despojo.

Parteras demandan respeto a su derecho a certificar nacimientos, el fin de la discriminación y una capacitación intercultural para el personal de salud, reivindicando su rol como guardianas de la cultura y la autonomía de las comunidades indígenas.

Delegación mapuche-pehuenche denuncia al Estado por la instalación de una cuarta represa en el río Biobío, afectando árboles medicinales, quebrando acuerdos internacionales y poniendo en riesgo su espiritualidad, ecosistema y derechos fundamentales.