La Corte de Apelaciones de Coyhaique rechazó el amparo económico de empresas turísticas y validó la decisión de Conaf de cerrar el tránsito peatonal sobre el glaciar Exploradores y no renovar permisos, citando informes técnicos de la DGA.

La primera infracción, que resultó en una multa superior a los $430 millones, se debió a la extracción no autorizada de aguas superficiales y subterráneas. Mientras que la segunda, por aproximadamente $228 millones, fue motivada por no haber cumplido con la distribución establecida por la Junta de Vigilancia del río Choapa.

A nivel regional, Valparaíso lidera la cantidad de fiscalizaciones resueltas (278), seguido por Coquimbo (188) y La Araucanía (173). La Región de Valparaíso también lidera el total de multas cursadas, con más de 2.500 millones de pesos.

La organización ya fue sorprendida el año pasado extrayendo agua del río Copiapó de forma ilegal. En esta operación participaba incluso el senador Rafael Prohens (RN), quien vendía el agua robada a una conocida empresa minera de la región.

Según constató una fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas, la Junta de Vigilancia del río Copiapó llevaba al menos desde el 2008 permitiendo a sus integrantes extraer agua del río en lugares no autorizados por el Estado.

El expresidente de Renovación Nacional ideó un mecanismo para desfalcar a la empresa minera Atacama Kozan a través de agua que extraía de forma ilegal desde el río Copiapó. Los detalles de este millonario esquema de defraudación, orquestado en complicidad con el exintendente Francisco Sánchez, se presentan en este reportaje.

Una fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas detectó que la Junta de Vigilancia del río Copiapó permitió que un centenar de integrantes instalaran bocatomas en lugares no autorizados del río para desviar agua de forma ilegal hacia sus terrenos o iniciativas privadas. Rafael Prohens, senador y expresidente de Renovación Nacional, es uno de los empresarios que formaba parte de dicho sistema que provocó la disminución del caudal del histórico río Copiapó.

En octubre de 2021, funcionarios de la Dirección General de Aguas detectaron que la Junta de Vigilancia del río Copiapó había instalado bocatomas en lugares no autorizados, desde donde extraían ilegalmente enormes volúmenes de agua que iban a parar a las manos de grandes usuarios de la zona.

El Código de Aguas de 1981 permitió el otorgamiento masivo de derechos de aprovechamieto de las aguas del río Copiapó durante los últimos años de la dictadura. Para 1993, los derechos otorgados casi quintuplicaban la capacidad natural de la cuenca, lo que terminó provocando su sequía. Sin embargo, la semana pasada, un fallo judicial inédito decretó la intervención del Estado en la administración de las aguas del río Copiapó

Construcción de un dique está impidiendo el libre escurrimiento de las aguas del río, afectando a agricultores y pescadores de la zona. Dirección General de Aguas ya está al tanto de la situación.