Por más de 20 años, nosotros, los habitantes ancestrales de los pueblos precordilleranos de Chusmiza y Usmagama (Región de Tarapacá), estuvimos sin poder acceder a nuestra vertiente natural de agua ¿Lo sabías? ¿Puedes imaginar lo que significa para un lugar rural no contar con uma –agua, en lengua aymara- propia? Todo esto, por la apropiación […]

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el derecho humano al agua y al saneamiento, considerando como base el garantizar un agua potable adecuada para la realización de todos los derechos humanos

En total, son 61 comunas a lo largo y ancho del país que fueron decretadas como zonas de escasez hídrica por la Dirección General de Aguas (DGA), es decir hay poco más de dos millones 600 mil chilenos y chilenas que están enfrentando escasez hídrica o sequía en sus territorios, lo que corresponde a un […]

Más de 20 años llevan las comunidades del sector evitando la contaminación de napas y afluentes.

En el marco de una fiscalización ambiental, la empresa habría exhibido documentos falsos para justificar la instalación de un pozo de captación de aguas.

El conflicto por el agua en la Laguna Aculeo sigue escalando

El proyecto que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones, está listo para ser visto por la sala del Senado.

"Son innumerables las aguas dulces provenientes de áreas rurales que no alcanzan a ser monitoreadas. Estas aguas son afectadas por diversos cambios en el uso del suelo: deforestación, actividad minera y de celulosas, presencia de represas, entre otras. Dado aquello, resulta una incógnita el contenido del agua para quienes habitan en estas zonas rurales y la utilizan para su consumo diario".

El servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas admitió que las multas de 20 UTM a quienes infringen la ley son "irrisorias", y que recién en marzo el órgano amplió su dotación de fiscalizadores a 46 en el territorio nacional, cifra que continúa siendo "insuficiente", según palabras del jefe de la Unidad de Fiscalización, Marco Soto.

El camino para lograr una ley que proteja los glaciares en territorio nacional ha sido largo y no obstante infructuoso. Desde el año 2005, cuando Bachelet se comprometió por primera vez durante su campaña presidencial a patrocinar un proyecto de ley que resguardara los macizos, han tenido que pasar 10 años para que el ejecutivo se pronunciara legislativamente al respecto, al respecto -una vez más- de la protección de los intereses mineros, dejando en manos del Comité de Ministros el futuro de la mayoría de formaciones del país.