La democracia, que tanto costó recuperar, se sostiene sobre la verdad, no sobre el olvido y esa verdad incluye justicia, para asegurar su existencia.

Officially recognized as a victim of political imprisonment and torture by the Valech I Commission, the plaintiff will receive 50,000,000 Chilean pesos in moral damages under an order from Santiago’s Sixteenth Civil Court.

La demandante cuenta con la calificación oficial como víctima de prisión política y tortura, según el informe de la Comisión Valech I y recibirá una indemnización del $50.000.000 por daño moral, tal y como ordenó el Decimosexto Juzgado Civil de Santiago.

Leopoldo García, a survivor of detention at Santiago's National Stadium, made history in 2013 when his case became the first involving a living victim of dictatorship-era human rights abuses to be resolved by the Inter-American Court of Human Rights.

“The dictatorship carried out a systematic policy of enforced disappearance, executions, and torture that left thousands of victims. One case—or the late recognition of another—does not undermine that truth; on the contrary, it confirms it. Each new finding reminds us of the scale of these crimes against humanity and the urgency of clarifying every one of them,” stated more than 70 organizations of victims’ families, memory sites, and human rights advocates.

"La dictadura implementó una política sistemática de desaparición forzada, ejecuciones y torturas que dejó miles de víctimas. Un caso, o el reconocimiento tardío de otro, no debilita esa verdad: por el contrario, la confirma. Cada hallazgo nos recuerda la magnitud de los crímenes de lesa humanidad y la urgencia de esclarecer cada uno de ellos”, plantearon más de 70 organizaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria y entidades defensoras de los Derechos Humanos.

Desde CODEPU alertaron sobre una ofensiva negacionista que intentará aprovechar el caso para restar veracidad a los miles de crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet. "Condenamos y condenaremos todo intento de obtener ganancias políticas espurias ante un caso que no borra los miles de crímenes dictatoriales", afirmaron en un comunicado.

El prisionero político fue detenido en octubre de 1973 en una quinta de recreo de Puente Alto y sobrevivió a unas ejecución perpetrada por agentes policiales a orillas del río Mapocho, en la que fue dado por muerto.

El caso de Iturriaga-condenado por las operaciones Cóndor y Colombo, lo ocurrido en Villa Grimaldi y Venda Sexy -entre otras, también será revisado por la Corte Suprema, en el marco de las condenas vinculadas a la aplicación de la media prescripción, beneficio cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Antes del golpe, el pueblo era un actor relevante, un sujeto político colectivo capaz de incidir sobre el curso de la política y los destinos de la sociedad. Los militares, los empresarios, las clases medias acomodadas buscaron, a través de sus aparatos represivos, poner al pueblo fuera de la historia.