En la instancia, se recibieron los testimonios de representantes de organizaciones de derechos humanos del Maule, agrupaciones de colonos alemanes, habitantes de Villa Baviera.
Desde el sitio de memorias denunciaron que "en este caso la Corte actuó sin razón legal para hacerlo" y que el arresto domiciliario a represores implica incumplir la obligación internacional de sanción efectiva.
La víctima fue objeto de una detención ilegal, secuestro, torturas físicas, psicológicas, y vejámenes, ras su participación en el paro de la Universidad de Tarapacá, registrado en Arica en 1986, durante la dictadura de Pinochet.
La candidata presidencial de Chile Vamos, se disculpó "por el dolor" que pudieron causar sus dichos sobre la dictadura militar de Augusto Pinochet, luego de que en abril afirmara que el golpe de Estado fue "necesario" y las muertes de opositores eran "inevitables".
Mientras Trump jugaba al golf escoltado por el servicio secreto, miles de escoceses protestaron por su visita y lo acusaron de “dictador”, “invasor” e “inmoral”.
La justicia civil determinó que el dictador se enriqueció injustificadamente mediante la sustracción de caudales públicos. La sentencia alcanza a 17 herederos, entre ellos Lucía Hiriart, y se dicta casi siete años después del cierre del caso Riggs.
"Seguimos topándonos con la impunidad biológica. Muchos de los responsables mueren sin declarar, y mientras no haya acceso a la información que aún poseen, no podremos cerrar estas heridas", señaló María Luisa Ortiz, hija de Fernando Ortiz, dirigente del Partido Comunista desaparecido durante la dictadura de Pinochet.
En el "Cuartel Terranova-Villa Grimaldi", la víctima recibió brutales torturas que fueron supervisadas personalmente por el criminal de lesa humanidad Miguel Krassnoff Marchenko.
"Este proyecto se basa en el mismo sistema de garantías que ellos negaron a sus víctimas. Ellos no respetaron la integridad física ni psíquica, ni el derecho sagrado a la vida de las personas. Hoy reclaman morir tranquilos", cuestionó Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, en conversación con El Ciudadano.
La Corte Suprema confirmó que los criterios internacionales y nacionales son claves para negar la reducción de penas a tres exagentes de la dictadura, quienes no demostraron arrepentimiento ni colaboración, condiciones esenciales para acceder a beneficios penitenciarios en este tipo de delitos.
