El 23 y 24 de agosto de 1984, Luciano Humberto Aedo Arias, Nelson Adrián Herrera Riveros, Mario Octavio Lagos Rodríguez, Mario Mujica Barros, Juan José Boncompte Andreu, Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala, fueron perseguidos y asesinados a sangre fría por los agentes represores.

La información va a ser analizada por todos los ministros que llevan causas de derechos humanos en Chile, a fin de ver cuáles de los testimonios son útiles para la indagación de delitos de lesa humanidad.

Ministra en visita procesó a Iturriaga en calidad de autor del delito perpetrado en la ciudad de Washington DC, el 21 de septiembre de 1976, a través de una bomba instalada en el automóvil que ambos ocupaban. Moffitt tenía en ese entonces veinticinco años.

Los funcionarios responden a los nombres de Daniel Aguirre Mora, ex militar; el brigadier (r) Pedro Espinoza Bravo, ex integrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA); y Carlos Luco Astroza, ex miembro de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

Se trata de los exefectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Eduardo Segundo Rodríguez Zamora y Nelson Byron Víctor Lillo Merodio, imputados como autores del delito consumado de homicidio calificado de Jara Aravena, quien murió debido a los golpes y torturas que recibió mientras permaneció en poder de sus captores, entre el 23 de julio y el 2 de agosto de 1980.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter, realizó el traspaso oficial de 44 cajas con carpetas, las cuales fueron despachadas hasta la oficina del ministro De la Barra.

"Nosotros como agrupación estamos viendo una acción legal, porque no podemos ni debemos dejar pasar esto. Son precedentes nefastos", afirmó Alicia Lira, presidenta de la AFEP.

Estado de Chile deberá pagar una indemnización de cincuenta millones de pesos, por concepto de daño moral, a una persona que fue detenida el 12 de septiembre de 1973 y conducida al Estadio Chile y luego al Estadio Nacional, donde fue sometida a brutales torturas.

Durante cerca de tres horas, el magistrado dirigió el trabajo de peritos del Servicio Médico Legal (SML) y de la Policía de Investigaciones (PDI), que con apoyo de funcionarios del cementerio, participaron en la extracción de los restos que corresponderían a Luis Alberto Villegas Meza.

En la marcha, los uruguayos denunciarán el secretismo al que están sometidos los detalles de las operaciones militares realizadas