El exdiputado y abogado Hugo Gutiérrez valora que la Corte Suprema haya fijado límites a la revisión de su celular y critica que se haya atenuado el fallo de la Corte de Apelaciones. Además, sostiene que la resolución sobre su teléfono ratifica que la Fiscalía debe respetar el debido proceso y el secreto profesional.

Según la última Plaza Pública de Cadem, un 48% está en desacuerdo con que Chile se haya incorporado al Escudo de las Américas y un 52% considera que hacerlo implica subordinarse a Estados Unidos.

Mientras la burguesía chilena brindaba con champán la muerte del presidente Salvador Allende, el pueblo chileno iniciaba su luto que perdura hasta nuestros días.

Hasta ocho meses sin aprobación del Congreso: la reforma de Kast amplía facultades presidenciales para restringir derechos y libertades.

Cuando el poder quiere silenciar a quien lo fiscaliza, no está en riesgo una institución: está en riesgo la democracia. Desde la provincia de Petorca respaldo al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque los derechos humanos no se protegen debilitando sus garantías, sino fortaleciéndolas.

El secreto bancario es la mejor joya de la corona. No se trata de conocer qué compran los senados y diputados en el supermercado o en algún mall chino. Es muy justo que los que les pagan sus elevados sueldos conozcan cómo va la vida en ese ínfimo segmento que trabaja en teoría, para que el respirar sea algo mejor y más digno.

Gobernar no consiste únicamente en aplicar normas de manera automática, sino que también de ponderar circunstancias, medir sus impactos y comprender que los efectos que producen se expresan en personas concretas, con trayectorias de vida diversas, fragilidades y contextos que no pueden ser tratados como simples variables abstractas.

Estos cuatro años de estado de excepción constitucional de manera permanente representan una segunda ocupación militar de Wallmapu por parte del Estado chileno.

Un gobierno que llega al poder montado sobre el pánico securitario, que coloca en el ministerio clave a una operadora con cuentas pendientes, que coloniza la inteligencia policial con facciones leales, que destruye los mecanismos técnicos de control, y que cuando el sistema institucional reacciona —como lo están haciendo la Contraloría y el parlamento— responde con blindaje presidencial y relatos de normalidad.

La sola posibilidad de que el Gobierno utilice esta vía confirma la tesis de la reforma: el indulto particular, por su naturaleza, es una herramienta discrecional que se presta para el arbitrio político por sobre el rigor jurídico.