Con amplio respaldo, incluida la centroizquierda, el Senado aprobó en general la iniciativa para erigir una estatua en honor al expresidente. La senadora Fabiola Campillai y organizaciones de derechos humanos manifestaron su rechazo, calificándolo como una "burla" para las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno.

En medio de las protestas del estallido, en enero de 2020 se llevó a cabo una reunión secreta en la residencia de Chadwick, en la que Guerra buscaba "informar" a Piñera acerca "de grupos que están operando en Santiago y poder prevenir lo que se viene para marzo".

Grupos de derechos humanos denuncian que la derecha intenta limpiar la represión de Piñera con una estatua y su nombre en el Puente Industrial.

Organizaciones de DD.HH. y ANEF denuncian impunidad ante el cierre de 1.509 causas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019, exigiendo justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

La «izquierda perfumada», que se jacta de ser progresista, no hace más que hablar sin actuar, con un pseudo-progresismo abstracto que no resuelve los problemas reales de los sectores populares, campesinos, obreros e indígenas.

Por tres rutas distintas, los mismos valores parecen confluir en estos tres candidatos. Sus relaciones con el nazismo y las permanentes experiencias reaccionarias, parecen dar un sello a sus propuestas políticas, antesala de lo que en el poder podrían llegar a convertirse, en un país que al parecer valora poco la historia y a menudo padece de amnesia.

El carabinero Ofricinio Carrillo, fue condenado, luego de que la Fiscalía determinara que el carabinero sí tuvo a la víctima en su rango de visión y aún así decidió acelerar.

El máximo tribunal acogió un recurso de protección y determinó que las declaraciones de la parlamentaria vulneran el derecho a la honra del exfuncionario de Carabineros, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

Durante una entrevista en Radio Futuro, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “si se le tenía que dar muerte a alguien que está incendiando un edificio, se hace”.  

El Tribunal Oral en Lo Penal de Talagante acreditó la existencia de torturas efectuadas contra Héctor Pérez Catalán, quien fue brutalmente agredido por agentes del Estado en el marco del estallido social. Sin embargo, el tribunal dictaminó que no existen suficientes pruebas para demostrar la participación del subcomisario imputado, Manuel Ortiz Otárola.