La Corte Suprema confirmó la condena de Nicolás Piña, detenido en 2021 durante una manifestación por los presos del estallido social. Su familia denuncia irregularidades en el juicio, calificándolo como un caso emblemático de criminalización de la protesta

La mayor riqueza se genera en las regiones, pero la plata va a parar siempre a la capital. Una constante que se repite por generaciones, y que mantiene a la gente amarrada a valores arcaicos e incompatibles con el avanzar hacia una nación más equitativa y moderna.

Tal como en los contratos bancarios, hay toda una “letra chica” que muchos no leen en este caso en los escrutinios y que habla, por ejemplo, que comunas pobres y ricas tengan resultados muy erráticos y contradictorios, contrariando con frecuencia la condición social de sus habitantes.

Hace cinco años, tras la suspensión de la función de La Pérgola de las Flores, dirigida por Héctor Noguera, María Paz regresaba a casa cuando, al llegar a la esquina de Alameda con Ramón Corbalán, recibió el impacto de una bala de una escopeta antidisturbios en su pómulo derecho, disparada por Tomás Rodríguez Soriano, entonces Capitán de Carabineros. A principios de este año, Tomás Rodríguez fue condenado a tres años de presidio menor, pero se le concedió cumplir su condena en libertad.

A cinco años de la Revuelta Social de octubre, las organizaciones firmantes reiteramos tanto la legitimidad de la protesta social, como la plena vigencia de las demandas que dieron origen a este proceso, reflejo de las duras condiciones en que la mayoría de los chilenos y chilenas vive cotidianamente, sin acceso a derechos básicos.

Connotados izquierdistas del pasado se han “reciclado” y se asumen sin vergüenza como capitalistas, así como aquellos furibundos pinochetistas de ayer hoy se erigen en defensores de la democracia y la libertad.

Según reciente reportaje de Ciper Chile, el INDH enfrenta la prescripción de 688 querellas por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el estallido social mientras se revela la inacción judicial en muchos casos agravando la frustración de las víctimas que aún esperan justicia en procesos que no han avanzado en años.

La Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular confirmó el suicidio de Sebastián Méndez, víctima de trauma ocular de estallido social de 2019, lamentando la impunidad y el abandono estatal mientras se conmemoran cinco años desde dicho acontecimiento en Chile.

Para el 80% de los encuestados las demandas sociales no han sido resueltas y los problemas han empeorado, como el costo de la vida (89%), la delincuencia y el crimen organizado (88%), la calidad de la política (77%), la pobreza (67%) y la desigualdad (61%).

La pieza audiovisual busca reivindicar las demandas sociales que impulsaron el 18 de octubre y hace un llamado a “mantener el sueño de construir un país en común”.