En 2019, Felipe Kast gestionó directamente con el gobierno de Sebastián Piñera que los inmigrantes venezolanos pudieran utilizar pasaportes y documentos vencidos para realizar trámites en Chile.

Diputados de la UDI manifestaron sus críticas contra el proyecto de ley del Gobierno que busca restablecer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas, pero el 22 de julio se dirigieron hasta La Moneda para solicitarle al presidente Boric, patrocinara un proyecto que buscaba expulsar del país, en un plazo de 60 días, a todos los extranjeros condenados por robo, hurto y narcotráfico.

"Vamos a expulsar a personas que tenían delito por causas de drogas y también a quienes hayan ingresado por pasos clandestinos y hayan cometido un ilícito adicional. Espero que no se presenten recursos de protección a esas personas, porque cuando hemos querido expulsar, el tema ha sido los overoles blancos y no el tema de fondo", anunció Rodrigo Delgado.

“He dado a instrucciones precisas al delegado presidencial de Tarapacá, que inicie el proceso de expulsión a estas cuatro personas que fueron detenidas por agresión a Carabineros. Estas personas tendrán que enfrentar la justicia en el control de detención y dependiendo en lo que ahí ocurra estos serán expulsados de igual manera, vale decir si tienen condena o no la tienen”, indicó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

Funcionario deberá transparentar los alcances del proceso de regularización migratoria que dispone la nueva Ley de Migraciones, y que posibilitan las ilegales expulsiones a inmigrantes que se están ejecutando.

La semana pasada, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, advirtió que este tipo de expulsiones masivas son “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos.”

Tribunal determinó que la medida, tomada por la Intendencia Regional, fue "desproporcionada, ilegal y sin fundamento". Acción judicial fue presentada por la Fundación Servicio Jesuita al Migrante y la Corporación de Asistencia Judicial.

"Las deportaciones no se pueden llevar a cabo de manera sumaria, sino que requieren una evaluación individual teniendo en cuenta las consideraciones humanitarias de arraigo", destacó el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes Felipe González Morales.

Una familia de padres venezolanos con tres hijos, relató el crudo viaje que duró 22 días desde Perú hasta su destino en Chile, donde tuvieron que pasar condiciones muy riesgosas.

"El gobierno está trabajando para la galería, para responder a quienes piden que rueden cabezas, los ultranacionalistas, quienes hablan de expulsión son quienes le mueven la pauta al gobierno y el gobierno pretende embaucar a la opinión pública con estos procedimientos”, señaló Rodolfo Noriega, secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.