Los hechos ocurrieron en agosto de 1974 cuando agentes de la DINA secuestraron y torturaron a la víctima, que sufrió persecuciones durante 10 años luego de ser puesta en libertad. El fallo se suma a otras resoluciones judiciales en donde se ha adoptado el concepto de perspectiva de género para sancionar la violencia ejercida contra mujeres por agentes del Estado.