El proyecto de reforma constitucional que fue presentado por la diputada Pamela Jiles y los diputados Karim Bianchi y René Saffirio, busca permitir un segundo retiro del 10% de los fondos de las AFP para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

El proyecto indica que “un retiro permanente en el tiempo, acompañado con la posibilidad de reintegro, permitirá a todas las personas poder reaccionar de manera rápida a diversas contingencias que desborden sus finanzas estacionales”.

Según los datos de la Superintendencia de Pensiones, el monto total pagado asciende hasta ahora a US$ 8.682 millones, mientras que en promedio, las personas han recibido $ 1.064.037. En tanto, el total de solicitudes ingresadas llegan a 9.639.781, de las cuales 822.183 no han sido acogidas a trámite "por validación de los datos proporcionados".

El pago presencial se incorporó como alternativa para personas que no se encuentran bancarizadas.

Con 41 votos a favor y ninguno en contra la cámara alta despachó la normativa que se convertirá en ley y que asegura la retención del dinero a quienes sean deudores de pensión de alimentos.

Según informó el Poder Judicial sólo entre el 24 de julio y el 7 de agosto, la presentación de demandas por pensión de alimentos aumentó en más de un 53% en comparación con todo el año 2019.

La organización sostiene, además, que es urgente la derogación del decreto ley 3.500 que creó las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Patricio Guzmán (No+AFP) sostiene que las administradoras no consideraron el rendimiento anual de los fondos previsionales, mientras que Manuel Riesco (CENDA) expone observaciones sobre el período de referencia utilizado por los defensores del actual sistema de pensiones.

«Es al menos extraño, que el fondo más seguro, que hasta el día de hoy tiene más rentabilidad durante el año, en unos pocos días haya tenido una pérdida importante y con gran publicidad», señaló Patricio Guzmán, economista de la Coordinadora No+AFP.

Las pérdidas que generó el Caso Cascadas, para los fondos de pensiones, varían entre los 31 y 44 millones de dólares. Estas cifras las dio a conocer la superintendenta del ramo, Tamara Agnic, a través de la información emitida por la Superintendencia de Pensiones.