Tanto a Fuente-Alba como a Virgilio Cartoni se le imputa el delito de fraude al Fisco en una investigación iniciada tras una auditoría de Contraloría. En el informe se apunta que el Ejército pagó un sobreprecio de más de un millón de dólares por la adquisición del avión Cessna, que costó 9,3 millones de dólares.

Magistrada ordenó embargo de bienes por un monto total de diecinueve millones de pesos y el ingreso en prisión preventiva del procesado al Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén.

Magistrada lleva la investigación desde su inicio en 2017, y hasta ahora, ha procesado por fraude al Fisco a decenas de militares, incluyendo a los ex comandantes en jefe Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.

Por el caso "Agencia de Turismo" se encuentra formalizados tres representantes, contratados por el Ejército y se les imputó más de 8$80 millones de perjuicio fiscal.

"Se trata de un intento inaceptable de anular actuaciones de la ministra Rutherford que resultan fundamentales para el esclarecimiento de hechos delictivos muy graves y perjudiciales para el Fisco de Chile, perpetrados por altos mandos militares en concierto con particulares", declaró la abogada del Consejo de Defensa del Estado.

Magistrada además ordenó el embargo de bienes por un monto total de 60.000.000 millones de pesos y el ingreso en prisión preventiva del procesado al Batallón de Policía Militar N° 1 de Peñalolén.

Según el Ejército la compra se realizó en base a una cotización a través de la plataforma Keycopter de la empresa Airbus, la que aumentó el precio final debido al pago de fletes, seguros, licencias y su llegada hasta el Aeropuerto Arturo Merino Benítez. No obstante, Airbus confirmó que al valor de 2018, solo se consideraba un 5% adicional a cada ítem, por lo que los $6.700 millones de más no están justificados.

El Comandante General del Personal, Guillermo Paiva; el Subjefe del Estado Mayor, Rodrigo Pino; y el Comandante de la División de Educación, Hugo Lo Presti, fueron quienes concurrieron ante la jueza Romy Rutherford.

Desde Augusto Pinochet en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta, todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por los tribunales de justicia por causas relacionadas con torturas, homicidios, blanqueamiento de dinero o fraudes.

El CDE aseguró que ambos imputados realizaron maniobras para ocultar y “blanquear” el dinero, cuyo origen es ilícito, tal como estableció la Fiscalía.