Parlamentarios de la Derecha recurrieron al Tribunal Constitucional para impedir que este histórico avance en materia de Derechos Humanos se cumpla, bajo el argumento que habría “discriminación arbitraria” en contra de los criminales de lesa humanidad.

Proyecto establece como nuevas condiciones: cumplir dos tercios de la condena, la colaboración eficaz para el esclarecimiento de los crímenes y declarar en forma inequívoca el arrepentimiento por los hechos cometidos. Todas las condiciones deberán ser cumplidas de forma simultánea para que se otorgue el beneficio.

Este jueves, los expertos constitucionalistas Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete, asistieron a la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el libelo acusatorio contra tres jueces del máximo tribunal por sus recientes decisiones de otorgar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Sergio Muñoz afirmó que "ellos (los parlamentarios) han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto, es ilegítimo. Lo que se está haciendo es analizar los fundamentos y motivos de una resolución, eso va en pugna con el artículo 76 de la Constitución Política".

La nota también incluye algunas expresiones del relator de la CIDH para Chile, el comisionado Luis Vargas, quien advirtió que "el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa humanidad".

El diputado Socialista Jaime Naranjo, dijo que la acción está basada en el desacato al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue ratificado por Chile el 6 de julio del 2009. Por su parte, el Humanista Tomás Hirsch afirmó que la decisión "es una acción política más que jurídica" y calificó como “gravísimo” que el Gobierno no haya condenado los fallos de la Corte Suprema.

Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro del prontuario de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida, calificada por la abogada Carmen Hertz como otra muestra de la "ignorancia crónica" de la justicia chilena.

Ante la confirmación del beneficio otorgado a cinco criminales de lesa humanidad, la diputada del PC criticó con fuerza la determinación de la segunda Sala de la Corte Suprema, afirmando que “es una concesión que infringe los principios de jurisprudencia de los organismos internacionales”.

En naciones como Argentina o Alemania, los criminales acusados de delitos de lesa humanidad siguen siendo perseguidos y encarcelados en recintos penitenciarios comunes. Sumado a esto, para que un reo de estas características postule a un beneficio como el indulto, debe al menos arrepentirse, entregar antecedentes y prestar colaboración para esclarecer los hechos.

Luego que se conociera la concesión del primer indulto presidencial a un reo de Punta Peuco, el ex coronel de Ejército, René Cardemil, condenado a 10 años y un día por asesinato de seis personas en 1973, el abogado de varios de los genocidas y violadores de derechos humanos recluidos, Roberto Meza, anunció que presentará […]