Se trata del acuerdo extrajudicial por un caso de derechos civiles más grande de la historia, que “envía un mensaje poderoso de que las vidas negras sí importan y que la brutalidad policial contra la gente de color debe cesar”, dijo el abogado de la familia.
El magistrado Miguel Vásquez Plaza, consideró que, dadas las cirscuntancias del asesinato, concurrió la calificante de alevosía, por lo que dictaminó que el delito perpetrado fue el de homicidio calificado.
Jueza Carolina Ramírez analizó la situación de cada familiar, y en base a ello, determinó los montos por los cuales cada uno será compensado económicamente por el Fisco.
Durante el período de detención, la víctima fue objeto de torturas, tanto físicas (golpes de pies y puños, culatazos, aplicación de corriente, entre otras), como psicológicas (amenazas en decisión de mantenerla con vida).
Dirigentes destacaron que esta vez, se obligó a respetar a la organización sindical y a considerarla en los procesos futuros, particularmente aquellos que ocurran como consecuencia de esta pandemia.
La Audiencia concede una indemnización de 20.000 euros a cada uno de los padres de la víctima y de 70.000 euros a cada uno de sus dos hijos por el daño que causó la desprotección
