Tomás Mosciatti de Radio Bio Bio, el 16 de febrero de 2024, en su medio emitía un ataque directo y frontal al juez Daniel Urrutia Laubreaux, en donde catalogaba al magistrado como un peligro para la seguridad del país.

La próxima semana, el tribunal de alzada determinará la Sala que verá el fondo del recurso, es decir, si los reos peligrosos del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas) tienen acceso a las videollamadas autorizadas por el juez Urrutia.

El abogado defensor de Urrutia, Carlos Quezada Orozco dijo que él no tiene poder vigente en ninguna de las causas activas del interno Rafael Marín Vielma, reo a quien el juez le autorizó una "visita íntima" con su pareja.

"La verdad es que la cantidad de veces que le han pedido la renuncia al juez Urrutia desde que yo lo conozco supera con creces las veces que le han pedido mantenerse en el cargo", afirmó Carlos Quezada, abogado del magistrado.

El titular de Justicia aclaró que “no está en discusión el derecho de las personas a recibir visitas. Las visitas deben cumplir con las obligaciones que tiene cualquier persona que asiste a un establecimiento penitenciario, entre otras, el enrolamiento”.

Se trata de la compra de cámaras corporales para Carabineros por alrededor de $400 millones, proceso en el cual se detectaron irregularidades en la adjudicación. Los aparatos, además, presentaron severos problemas en su implementación.

Tras conocerse la decisión del juez Daniel Urrutia, Rafael Harvey publicó un mensaje en su redes sociales en el que destacó que "la Fiscalía de Chile estuvo del lado de los corruptos", al pedir el sobreseimiento de la querella que presentó en contra del Presidente Sebastián Piñera por el delito consumado de falsedad, falsificación de instrumento público y omisión de denuncia, todos orientados a encubrir graves hechos de corrupción.

Magistrado ha sido duramente criticado desde el Poder Judicial por sus declaraciones ante la Comisión de DD.HH. de la Convención Constitucional.

Parlamentario acusó que el juez "no fue escuchado, lo que viola el principio que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció: escuchar al juez antes de tomar una medida sancionatoria".

El juez había resuelto que 13 presos políticos del estallido social continuaran cumpliendo su prisión preventiva en sus hogares ante la pandemia del Covid-19.