La primera iniciativa establece un marco normativo para asegurar el cumplimiento de las sentencias, resoluciones, recomendaciones y observaciones emitidas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos con competencia respecto del Estado de Chile, mientras que el segundo proyecto deroga expresamente el Decreto Ley N.º 2.191 de 1978, que concedió amnistía a autores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.

"Fue un desalojo forzoso porque todavía no se ha dado la última palabra de la Suprema", declaró Lorena Garrido, dirigente de la Recuperación Laguna El Manzano. "Lo más probable que esto llegue a una corte internacional, porque vamos a llegar hasta la última instancia por este caso", anunció.

Venezuela lideró con éxito una resolución de la ONU, condenando el daño humanitario de las sanciones a pesar de la oposición de Estados Unidos y sus aliados.

ODECU exige avances en la tramitación de una demanda colectiva contra Bayer/Monsanto que busca una compensación de $200 millones por cada persona que desarrolló cáncer tras la exposición al herbicida Roundup.

Tras tomar conocimiento de las amenas de muerte contra el dirigente de la comunidad williche, Miguel Raín, el diputado Jaime Sáez (FA) entregó los antecedentes del caso al INDH para solicitar que se apliquen todas las medidas de resguardo y protección de forma inmediata.

La Fiscalía de Colombia solicita nueve años de prisión domiciliaria y una multa millonaria para el exmandatario. El veredicto de la justicia constituye un fuerte revés a la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026, ya que en la actualidad Uribe es el jefe del Centro Democrático, uno de los principales partidos opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro.

La Asociación, cuyos fundadores son chilenos, tiene como objetivo dar una respuesta colectiva ética al avance de la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos que ha sido utilizado en contra de liderazgos progresistas y transformadores en América Latina.

La Corte Suprema confirmó que los criterios internacionales y nacionales son claves para negar la reducción de penas a tres exagentes de la dictadura, quienes no demostraron arrepentimiento ni colaboración, condiciones esenciales para acceder a beneficios penitenciarios en este tipo de delitos.

En la sentencia, el tribunal fue categórico al señalar que el diagnóstico inicial fue erróneo y que, pese a que la cirugía fue considerada un éxito, la paciente no logró recuperar su movilidad, quedando con discapacidad permanente.

Uno de los responsables fue declarado inimputable por demencia, mientras que otros fallecieron sin condena. Solo un exmilitar enfrentará prisión por los crímenes cometidos contra tres docentes en octubre de 1973.