Los audios revelan la creación de plataformas de desinformación financiadas desde Honduras y Argentina para intervenir en procesos electorales de la región, con fondos públicos hondureños y unos 350.000 dólares atribuidos al gobierno de Javier Milei. La arquitectura de esa operación tiene un nombre propio en Washington: Marco Rubio.

Se puede apreciar que hay nueve gobiernos con presidencias declaradamente de derecha, la mayoría en Sudamérica, con varios de ellos relevantes en distintos ámbitos como Argentina, Chile y Perú. Hay otros gobiernos que se declaran de izquierda o centro izquierda, pero su praxis en materia de política exterior está totalmente alineada con Estados Unidos, son los ejemplos de Costa Rica, Guatemala, Surinam, República Dominicana y Guyana.

Estados Unidos pretende mantener una hegemonía planetaria que, aunque a la baja, sigue siendo peligrosa para nuestros pueblos y el futuro del planeta. Una fiera herida suele arremeter con mayor fuerza en su agonía.

Hoy, con Donald Trump en la Casa Blanca, las guerras de baja intensidad son reditadas con amenazas de intervención si los gobiernos díscolos no acatan sus órdenes. En otras palabras, deben renunciar a la soberanía, entregar las materias primas, petróleo, níquel o tierras raras a empresas estadunidenses para su explotación y control estratégico, aceptando el control de la DEA y la presencia de fuerzas armadas estadounidenses en sus territorios.

América Latina se encuentra ante una disyuntiva histórica: sucumbir al retorno del Virreinato o reafirmar su destino soberano en el marco del mundo multipolar que ya se abre paso.

En una columna publicada en el Diario El Día, el senador Daniel Núñez criticó que Chile siga exigiendo autorización judicial para levantar el secreto bancario, siendo Chile junto a Australia los únicos países OCDE en esta situación, advirtiendo que esto obstaculiza la lucha contra el crimen organizado. Cuestionó a la derecha por oponerse a esta herramienta clave contra la ruta del dinero ilícito.

Según la Fiscalía, ambos imputados, como líderes de una asociación ilícita criminal que lavó dinero obtenido de la falsificación de escrituras públicas presentadas en notarías con «palos blancos», actuaron concertadamente para poder apoderarse de propiedades de forma fraudulenta.

El tesorero José Rigoberto Mora Cárcamo fue sentenciado a 8 años y 2 días de prisión por malversación de fondos públicos y lavado de activos, al desviar más de 316 millones de pesos a través de 40 transferencias electrónicas desde cuentas institucionales, utilizando tokens asignados a otros funcionarios, según informaron fuentes judiciales.

La estabilidad y las frágiles democracias en nuestra región están amenazadas por las políticas estadounidenses, que en las disputas globales que mantiene, nos considera su espacio vital y retaguardia estratégica.

Tanto la funcionaria de la Municipalidad de San Felipe como su madre-ambas de nacionalidad venezolana-, aparecen como titulares de cuentas bancarias utilizadas para transferir dinero al extranjero, proveniente de actividades ilícitas.