El complejo escenario actual, con el avance de un paquete de iniciativas fascistoides en la agenda gubernamental y parlamentaria (reforma constitucional en seguridad pública, Ley Naín-Retamal 2.0, Ley antibarricadas 2.0, entre otras), me motiva a dar a conocer en esta versión online dos capítulos del libro “La religión de la muerte” (2023), que a mi juicio contiene insumos teóricos para entender esta arremetida del neofascismo democrático instaurando una verdadera dictadura policial/militar con conducción civil.

Herrera nos recuerda uno de los postulados más característicos de la Criminología Crítica, al que nos referimos con Myrna Villegas en el libro “Violencia institucional y antiterrorismo en Chile” (Ceibo, 2026): no existen los delitos en sí mismos, sino acciones que a veces son etiquetadas como tales, en un complejo y conflictivo proceso de criminalización siempre selectiva y discriminatoria, que depende de varias definiciones y mecanismos no sólo legales sino que también políticos, culturales y sociales.

Estos cuatro años de estado de excepción constitucional de manera permanente representan una segunda ocupación militar de Wallmapu por parte del Estado chileno.

El libro, publicado por Ceibo Ediciones, fue lanzado el pasado jueves 7 de mayo en la Sala Matilde Brandau de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, en Santiago. La presentación contó con los comentarios de los profesores José Luis Guzmán Dalbora y Paz Irarrázabal González.

Denuncian la aplicación de la Ley Antiterrorista tras detener a dos miembros de las comunidades mapuche. Acusan torturas por parte de la Armada, montajes judiciales y una condena mediática previa. Exigen su libertad, calificándolos como presos políticos en la defensa de sus territorios.

Ese sueño de destruir al Estado –lo poco y pequeño que ya es en Chile – viene siendo difundido desde la dictadura, por lo que tampoco es novedad en el sentido común chilensis.

No es necesario que Boric adhiera al pensamiento de Mussolini para que pueda gobernar utilizando herramientas propias del fascismo jurídico, como la Ley de Seguridad del Estado (que en campaña dijo que iba a derogar, pero apenas llegó al gobierno se la aplicó a Héctor Llaitul), o que, implementando el mandato de la Constitución de 1980, termine dictando una nueva Ley Antiterrorista.

La senadora Claudia Pascual (PC) criticó el proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza por omitir principios clave como proporcionalidad y rendición de cuentas, advirtiendo riesgos de abusos. También cuestionó la ley antiterrorista y filtraciones de Fiscalía. Destacó, además, la lucha laboral en el 1° de mayo y abogó por salarios vitales y desarrollo económico, según Radio Nuevo Mundo.

La «Operacjón Huracán» prefigura un modelo represivo en que se reinstala la doctrina del «enemigo interno» y el derecho penal de autor, institucionalizando la represión a la militancia organizada que se alce en contra del orden capitalista.

En el primer caso en que se anuncia el uso de la nueva Ley Antiterrorista, la senadora Campillai advierte que esta puede abrir la puerta a la criminalización de la protesta y comunidades como el pueblo mapuche.