Según lo establecido por el tribunal, el Ministerio Público procedió bajo el amparo de la Ley 136 TER, que establece como delito lo practicado por los pescadores ancestrales. "Esos mismos que se apresuraron a tipificar como delito esta actividad ancestral son los que se niegan hoy día a tipificar como delito el daño ambiental que por años provocan las salmoneras, las inmobiliarias, las forestales", afirmó la abogada defensora de las comunidades afectadas, Orietta Llauca.
