La decisión reconoce la existencia de violación del artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles de la ONU y la ocurrencia de daños irreparables a Lula en el intento de impedirlo de concurrir en las elecciones presidenciales o de negarle acceso irrestricto a la prensa o a miembros de su coalición política durante la campaña