Recursos correspondían a los gastos reservados de la institución policial, y de acuerdo al Ministerio Público, habrían sido desviados a sus cuentas bancarias y a las de su esposa durante seis años.
Los ex funcionarios están acusados del delito de “malversación por aplicación pública diferente con daño o entorpecimiento”, por hacer uso indebido de más de $2.200 millones de fondos del Ministerio de Educación destinados al fortalecimiento de la educación pública y de estudiantes prioritarios.
La sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de Concepción establece que dos de los imputados deberán pagar una multa de más de 198 millones de pesos, a otro de los imputados más de 50 millones de pesos y otro, alrededor de 100 millones de pesos.
En agosto de 2021, Espinosa había sido formalizado por estos delitos, audiencia en la que también se comunicó que se estaba investigando a su cónyuge, María Neira Cabrera, y a su exayudante personal, comisario Eduardo Villablanca.
Durante el procedimiento se encontró un arma de fuego y 21.400 dólares, pero en el parte policial y en el acta respectiva, los carabineros informaron la incautación de solo US$11.000.
Cristián Alvarado y otras tres personas imputadas por la Fiscalía de Aysén realizaron operaciones fraudulentas en el municipio, transfiriendo fondos sin respaldos o con facturas y decretos ideológicamente falsos. El perjuicio fiscal por dichas operaciones asciende a $351.194.314 de pesos.
Uniformado se apropió de la suma total de $79.705.000, además de 10 mil dólares correspondientes a gastos reservados, a lo que se suman otros porcentajes destinados al alto mando y a autoridades civiles.
El ministro de la Corte de Apelaciones, Fernando Carreño Ortegaa había sido nombrado profesor titular de la PDI, a través de una resolución emitida por la Dirección General de la institución el 8 de junio de 2018.
La audiencia estaba pautada para este martes 26 de octubre a las 09:00 horas, pero se aplazó por solicitud de la defensa. Sin embargo, el fiscal José Morales dijo que contarán con las pruebas suficientes para acreditar la participación de los imputados en delitos de corrupción.
