Consuelo Contreras, directora del INDH, señaló que “la actuación de los diversos órganos del Estado debe ser acorde a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y ello no ocurrió en este caso. Además, tal como lo hemos señalado en la tramitación de la reforma a la legislación migratoria, el Estado debe asumir que en el caso de las personas migrantes tiene obligaciones especiales que debe cumplir”.
