Decretos firmados por el ministro de Justicia Fernando Rabat y el exsubsecretaria Luis Silva beneficiaron a condenados con perfiles de alto riesgo, cargamentos de droga millonarios y vínculos con redes de tráfico en el norte del país, quienes recuperaron la libertad o vieron adelantadas sus condenas, replicando el mismo criterio que ya había beneficiado a abusadores sexuales y extorsionadores del Tren de Aragua