A lawsuit filed by attorney Gabriel Salinas demands an investigation into the mobile phones of Justice Minister Fernando Rabat and former Undersecretary Luis Silva, focusing on their communications with lawyers representing convicted agents of the Pinochet dictatorship who received unjust sentence reductions.

律师加布里埃尔·萨利纳斯提出指控，要求调查司法部长与前副部长的手机，涉及独裁时代犯罪者的减刑问题。

Die Klage von Anwalt Gabriel Salinas fordert Ermittlungen zu den Handys von Justizminister Fernando Rabat und Ex-Unterstaatssekretär Luis Silva. Es geht um mögliche Kommunikationsverbindungen zu Anwälten von Diktaturverbrechern, die von Strafmilderungen profitierten.

La querella presentada por el abogado Gabriel Salinas solicita que la Brigada del Cibercrimen de la PDI revise los celulares y correos de Rabat y Silva en busca de chats con los abogados de los exagentes de la CNI sentenciados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura que recibieron rebajas en sus condenas, y también pide que se analice la metadata de los decretos para identificar direcciones IP y modificaciones

El ministro Rabat declaró ante la Cámara de Diputadas y Diputados que la ley lo obligaba a conceder rebajas a agresores sexuales de menores, sin embargo seis fallos judiciales previos demuestran que la justicia avalaba su negativa a otorgarlas, y expertos acusan que el cambio de criterio "abandona los deberes estatales" y pasa por alto el interés superior del niño

Die sechs Urteile unterstützen die Ablehnungen des Justizministeriums gegenüber Strafminderungsanträgen von Sexualstraftätern. Diese Entscheidungen stehen im Widerspruch zur späteren Änderung der offiziellen Haltung, die viele Fragen aufwirft.

The Ministry of Justice, led by Fernando Rabat, faced six judicial rulings that upheld its rejections of sentence reductions requested by sexual offenders against minors before a significant change in policy direction.

Mientras Fernando Rabat aseguró ante el Congreso que su ministerio se limitaba a formalizar decisiones ajenas, una investigación de Reportea documentó que aprobó beneficios para sentenciados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, cuyas solicitudes habían sido objetadas por escrito por las propias seremis de Justicia

Decretos firmados por el ministro de Justicia Fernando Rabat y el exsubsecretaria Luis Silva beneficiaron a condenados con perfiles de alto riesgo, cargamentos de droga millonarios y vínculos con redes de tráfico en el norte del país, quienes recuperaron la libertad o vieron adelantadas sus condenas, replicando el mismo criterio que ya había beneficiado a abusadores sexuales y extorsionadores del Tren de Aragua

A recent analysis has revealed that 115 foreign nationals in Chile convicted of drug trafficking have benefitted from sentence reductions, highlighting the implications of the 'Rabat Doctrine' in the country's justice system.