La centroizquierda chilena diseñó mecanismos de cooptación mediados por recursos estatales y la influencia de partidos políticos de izquierda y centroizquierda y generó un sistema de derechos sociales mercantilizados y financiarizados que han servido como espejismos para la promesa de un “Estado de derechos sociales”.
Si bien es innegable que el gobierno de Kast quiere imponer sus ideas con o sin consentimiento del parlamento, su error consiste en creer que la democracia le confiere el derecho a gobernar como quiera, despreciando que en las cámaras legislativas existen diputados y senadores que también acaban de ser elegidos popularmente, así como también existen miles de alcaldes y concejales comunales en todo el país.
La restauración de Kast aparece entonces como la otra cara de las tímidas reformas impulsadas por el progresismo. Reforma y restauración son planteados como mecanismos complementarios de preservación de la dominación burguesa.
Particularmente, con una disminución del impuesto a las grandes empresas de 27% a 23%; y con el fin del pago de contribuciones a la primera vivienda que cancela sólo el 9% de los adultos mayores más ricos de la población. Y con un recorte del gasto público en salud que alcanzaría a 413 mil millones de pesos; y específicamente de 259 mil millones de pesos para Fonasa.
Si nuestra soberanía popular está en entredicho por las influencias que ejercen el dinero y los poderes fácticos en nuestros diversos comicios electorales, peor aún es lo que empieza a materializarse con nuestros recursos naturales.
Sin proyecto, sin programa, sin alternativa, no existe esperanza. Y sin esperanza, triunfa el oscurantismo. Sin un horizonte de cambio social, las clases populares sucumben al discurso redentor.
Definitivamente no hay competencia ideológica. Los discursos de todos los candidatos lo que más enfatizan es en los riesgos de que un triunfo del adversario pueda amagar la paz social. Que en cualquier de los dos casos retorne el fantasma de un nuevo estallido social.
Ya es vox populi que es en los municipios donde se ejercen los más graves delitos de corrupción, en el común denominador del desfalco al Fisco, malversación, nepotismo y otras malas prácticas.
Si las fuerzas progresistas no logran converger en una candidatura unitaria, no solo será difícil llegar a segunda vuelta: será, directamente, una fantasía.
Como el voto es obligatorio y la población tiene menos formación cívica y cultural que en el pasado, lo más probable es que las dirigencias políticas a fin de año vuelvan a jactarse de la fortaleza de nuestras instituciones, y el país renueve la visa que le otorgan las grandes potencias a nuestro sistema económico y desigualdad social.
