"Tenemos el gran problema de que la norma hoy día está diseñada para que la contaminación sea legal, por lo tanto, lo que sucede en Quintero y Puchuncaví es absolutamente legal y eso se tiene que tratar mediante una iniciativa exclusiva del Presidente de la República, que es actualizar los márgenes normativos a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud", señaló el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, presidente de la Comisión.

La persecución que viven los ambientalistas en Chile no es un caso particular de nuestro país, sino que es generalizado a nivel mundial. Un informe de la ONG Global Witness, publicado este año, dio cuenta de 207 activistas ambientales asesinados en el mundo, de los cuales, un 60% corresponde a Latinoamérica.

Elevar los estándares en el control de emisiones contaminantes -para cumplir al menos con el mínimo exigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, es una de las propuestas, junto con avanzar en un diseño institucional para la materialización del desarrollo sostenible en las empresas: "Hay principios constitucionales que no se están cumpliendo, pero tampoco hay una institucionalidad acorde para dar soluciones a estos temas", señaló la académica Reinalina Chavarri.

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, decretó este viernes la primera alerta temprana preventiva para las comunas de Quintero y Puchuncaví, por lo que las empresas deberán paralizar las faenas contaminantes

“Hacemos un llamado a todas las comunidades a que se organicen y planteen una linea combativa en contra del capital y del extractivismo”, señaló el dirigente en uno de los videos producidos con motivo de la crisis ambiental en Quintero-Puchuncaví.

La Superintendencia de Medio Ambiente detectó que la petrolera estatal no contaba con los reportes de emisión de hidrocarburos correspondiente a los días previos al primer episodio contaminante en la zona.

La vocera de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio, Carolina Orellana, reiteró este domingo sus críticas al gobierno por la grave crisis ambiental que se vive actualmente en Quintero y Puchuncaví, y rechazó que la administración de Piñera no haya firmado el «acuerdo de Escazú»

La gestión tuvo lugar luego de que los parlamentarios del Frente Amplio por la zona, el senador Juan Ignacio Latorre (RD), y el diputado Diego Ibáñez (MA) presentaran a los municipios de Quintero y Puchuncaví una solicitud con el objetivo de que los alcaldes decreten el retiro de las empresas que pudieran estar contaminando la comunidad.

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, advirtió que «no quiere» que se genere una ley del ámbito medioambiental con el nombre de un niño, como por ejemplo el caso de la «Ley Emilia»

“Estamos esperando que el Gobierno recule en su posición y asegure realmente los derechos fundamentales de todos los ciudadanos/as, de los niños/as de nuestro país, que para algunas cosas están primeros en la fila, pero cuando se trata de asegurar su vida y su salud, parece que no”, señaló la diputada Catalina Pérez.