Mediante una carta enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Comité cuestionó que decisiones de esta relevancia se hayan conocido por la prensa y exigió información sobre los actos administrativos mediante los cuales se concretaron las rebajas de penas, las condenas originales, el tiempo rebajado, los fundamentos jurídicos, los criterios aplicados y si existen otros casos o solicitudes de rebaja que involucren a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura
