Una agencia de ciberseguridad nacional que informa filtraciones después de que ocurren, sin rendir cuenta de los estándares de seguridad que debían haberse exigido antes, no está cumpliendo a cabalidad con su función. Esta crítica no es menor: si el Estado no puede proteger sus propias credenciales, con qué autoridad podemos exigirles al privado que asegure protocolos robustos de seguridad.