Fuentes de El Ciudadano apuntan a un lobby intenso del director Tulio Arce y la ministra Javiera Blanco para revertir las observaciones lapidarias al criterio de fijación de pensiones que reciben ex oficiales penitenciarios y que bordean, en algunos casos, los 6 millones de pesos mensuales. A esta situación, que revienta en medio de una jornada de movilización nacional, se suma la abrupta petición de renuncia a dos subdirectores que no cuentan con la simpatía de la máxima cabeza del servicio.
