Las empresas Faasa, Inaer y Martínez Ridao - que empezaron a operar en Chile bajo el gobierno de Sebastián Piñera - se habrían coludido para fijar los precios de licitaciones, sobornar y malversar fondos públicos. El gobierno dice que no estaba enterado de la investigación judicial que se sigue en España y que vincula a nuestro país con el denominado "cartel del fuego".