“El miedo en el DESAM es evidente, y los pocos que levantamos la voz, no tenemos otro objetivo que recuperar el equipo y el ambiente laboral seguro que teníamos antes de la llegada de Belmar. Queremos seguir siendo los que éramos, fortalecidos y enfocados en el bienestar de la comunidad", indican las y los trabajadores del Departamento de Salud Municipal de Valdivia.

En su fallo, el Máximo Tribunal reconoce que los militares son funcionarios públicos y, por ende, sus derechos son susceptibles de ser cautelados a través del procedimiento de tutela por vulneración ocurridos en el contexto de la relación laboral.

Iniciativa había sido aprobada por el Congreso y estaba lista para ser ley.

La dirección regional Maule del CNCA interpuso un recurso de nulidad para invalidar la sentencia de diciembre de 2016, que acogió la demanda de tutela laboral presentada por la abogada Lorena Rivera Arriagada en contra del organismo.

El Ciudadano revisó las sendas demandas laborales presentadas por los cabos Ángel Sanhueza Molina y César Iluffi Olivares, ambos de la Brigada de Aviación del Ejército con asiento en la Región de O'Higgins, quienes denuncian haber sido presuntamente violentados con castigos injustificados y arbitrarios que provocaron su baja de las filas castrenses.

El Ministerio Público podría iniciar una investigación en contra del prefecto general Marcos Vásquez Meza por incumplir una resolución judicial que ordenó el reintegro de un ex funcionario mapuche.

Prefecto que se retiró por casos de corrupción vuelve a instalarse en la policía como "asesor de comunicaciones", puesto desde el que podrá obtener una segunda jubilación.

Buscan evitar que policías y miembros de las ramas castrenses pongan en riesgo su fuente laboral por denunciar actos de corrupción.