Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro presentó una querella en contra del ministro de Justicia, Hernán Larraín, por el brote de Covid-19 que hasta ahora ha dejado 5 ex uniformados muertos en las cárceles de Punta Peuco y Colina 1.

Parlamentario solicitó una acción bilateral entre ambos gobiernos, a fin de que el responsable por la muerte de decenas de trabajadores durante la dictadura, cumpla su condena en Chile.

Parlamentarios de la Derecha recurrieron al Tribunal Constitucional para impedir que este histórico avance en materia de Derechos Humanos se cumpla, bajo el argumento que habría “discriminación arbitraria” en contra de los criminales de lesa humanidad.

"Cuando fui presidente de la Corte Suprema me reuní muchas veces con parlamentarios y les advertí que el tema de las libertades condicionales en algún momento iban a beneficiar a militares, que había que prepararse, modificar la ley, porque esto nos iba a estallar en la cara", dijo el magistrado.

En una entrevista con el canal 24 Horas, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se refirió a la rechazada acusación constitucional en contra de tres jueces del máximo tribunal, debido a la entrega de beneficios carcelarios a condenados por crímenes de lesa humanidad

Proyecto establece como nuevas condiciones: cumplir dos tercios de la condena, la colaboración eficaz para el esclarecimiento de los crímenes y declarar en forma inequívoca el arrepentimiento por los hechos cometidos. Todas las condiciones deberán ser cumplidas de forma simultánea para que se otorgue el beneficio.

Este jueves, los expertos constitucionalistas Patricio Zapata, Claudio Nash y Rodrigo Poblete, asistieron a la comisión especial de la Cámara de Diputados que analiza el libelo acusatorio contra tres jueces del máximo tribunal por sus recientes decisiones de otorgar libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Sergio Muñoz afirmó que "ellos (los parlamentarios) han extralimitado sus potestades constitucionales, y por lo tanto, es ilegítimo. Lo que se está haciendo es analizar los fundamentos y motivos de una resolución, eso va en pugna con el artículo 76 de la Constitución Política".

La nota también incluye algunas expresiones del relator de la CIDH para Chile, el comisionado Luis Vargas, quien advirtió que "el Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa humanidad".

Organismo emplazó al Estado a que defina de manera precisa el delito de “terrorismo” en la legislación; a que se investigue y juzgue la violencia sexual policial contra mujeres; a que se persigan los casos de muertes de niños/as custodiados por el Estado; y a derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, entre otros aspectos.