Legisladores que han adherido a la acusación, han declarado que "la mantendrán en pie" pese al reclamo hecho por la máxima autoridad judicial del país. "No se puede pretender que el uso por parte de la cámara de una herramienta de fiscalización pueda poner en riesgo la vigencia del estado de derecho, eso a mi juicio es una barbaridad", señaló la diputada Carmen Hertz.

El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, señaló que una eventual acusación constitucional en contra de los jueces que aprobaron la libertad condicional de siete asesinos condenados por violaciones a los derechos humanos, generaría condiciones «más extremas» de funcionamiento en el máximo tribunal

Finalmente, el abogado Raúl Meza, defensor judicial del ex brigadier de Ejército, Miguel Krassnoff, condenado a más de 400 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, desistió de presentar un recurso de amparo tendiente a obtener la libertad condicional del ex uniformado

El diputado Socialista Jaime Naranjo, dijo que la acción está basada en el desacato al Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue ratificado por Chile el 6 de julio del 2009. Por su parte, el Humanista Tomás Hirsch afirmó que la decisión "es una acción política más que jurídica" y calificó como “gravísimo” que el Gobierno no haya condenado los fallos de la Corte Suprema.

Entre otros aspectos, el dictamen de la Corte Suprema no ha tenido en cuenta los parámetros establecidos por el Estatuto de Roma para reducir las penas de sujetos condenados por su participación en los delitos más graves conocidos por la humanidad, los cuales ya han sido utilizados con anterioridad por el mismo tribunal.

Detenciones, torturas y desapariciones aparecen dentro del prontuario de los ex agentes del Estado beneficiados con la medida, calificada por la abogada Carmen Hertz como otra muestra de la "ignorancia crónica" de la justicia chilena.

“Los criminales de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, murieron en la cárcel. En Argentina ocurre lo mismo, los genocidas mueren en la cárcel, que es el lugar que les corresponde”, afirmó el abogado Cristián Cruz.

Ministro del Interior, Andrés Chadwick, que participó y trabajo activamente en la Dictadura, recordó que la idea está comprometida en el programa de gobierno de Piñera, por lo que la iniciativa sería ingresada en las próximas semanas al Congreso.

Hijo del histórico dirigente de la ANEF, asesinado por la Dictadura cívico-militar en 1982, no se cierra a la posibilidad de un arresto domiciliario para los genocidas, pero exige a cambio tres condiciones: arrepentimiento, cooperación con la justicia y petición de perdón.

El juez Mario Carroza resolvió acoger a trámite la petición del abogado Raúl Meza, defensor de 70 violadores de derechos humanos que se encuentran en el penal especial Punta Peuco, quien por razones de carácter «humanitario», pide que sus representados, aquejados de distintas dolencias de salud, cumplan el resto de su condena en la modalidad de […]