Combatir el terrorismo, la delincuencia o el vandalismo no puede significar renunciar a los derechos humanos, justificar intervenciones arbitrarias ni aceptar cualquier forma de violencia estatal como legítima.

President Gustavo Petro is spearheading a legal offensive following the death of Colombian fisherman Alejandro Carranza in the Caribbean, as his attorney Dan Kovalik calls it an "American murder" and raises alarms over the deaths of numerous Caribbean civilians in anti-narcotics military operations.

El presidente Gustavo Petro impulsa una ofensiva jurídica tras la muerte del pescador colombiano Alejandro Carranza en el Caribe, puesto que califica el hecho como un «asesinato estadounidense» y alerta sobre decenas de civiles caribeños muertos en operativos militares antinarcóticos.

A través de un comunicado defensores de DDHH comunicaron su rechazo a los ejercicios militares “Estrella Austral 2025” que se desarrollaron en diversos lugares del país y que fueron dirigidos por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FFAA) y por el Comando Conjunto de Operaciones Especiales y que además, cuenta con la intervención […]

El estudio señala que el Estado mexicano figura como el principal agresor, seguido por empresas y el crimen organizado, afectando especialmente a comunidades indígenas y rurales. Activistas denuncian criminalización y falta de protección efectiva, a pesar de las promesas de las autoridades y la existencia del Acuerdo de Escazú. Organizaciones de la sociedad civil urgen a un cambio profundo en las políticas de desarrollo para garantizar la seguridad de quienes luchan por el medio ambiente.

De las más de 11.000 denuncias registradas durante estallido social, apenas 400 terminaron en tribunales. A juicio de la organización “Acción Cívica contra la Corrupción”, estos datos reflejan "una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad".

Organizaciones internacionales denuncian la creciente violencia estatal en Kenia, con secuestros, torturas y desapariciones que amenazan la libertad de expresión y los derechos fundamentales de la ciudadanía

El último informe de Amnistía Internacional aborda los incidentes y la violencia estatal que se vivió en Colombia durante el Paro Nacional de 2021. Esta vez el foco estuvo puesto en la violencia sexual, un patrón que ha constituido un arma organizada y planificada para reprimir las protestas. Modus operandi que se desarrolló no solo en Colombia, sino que en también en Chile durante la Revuelta Social en 2019, bajo la administración de Sebastián Piñera. En la actualidad la Fiscalía registra 300 causas por violencia sexual ligadas a Carabineros.

El estudio cita abusos cometidos en Argentina, Bolivia, Chile y Colombia por parte de las autoridades locales para imponer "intereses comerciales y mercantilistas".

La Subsecretaría de Derechos Humanos se pronunció respecto a la Toma ex INDH, valorando la apertura al diálogo de víctimas y funcionarios del INDH. Y reafirmando sus compromisos de gobierno: El establecimiento de la mesa de trabajo para la reparación integral de las víctimas, el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado y el anuncio de urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General (Amnistía).