La fiscal regional de Biobío, Marcela Cartagena, se encuentra a cargo del proceso de investigación del caso de los tres carabineros asesinados en la comuna de Cañete durante la madrugada del sábado.
Cartagena informó que se conformó un equipo que trabajará las 24 horas y toda la semana durante 40 días para acelerar la indagatoria.
«Se decretó una investigación secreta que abarca los próximos 40 días, los detalles de las diligencias de investigación que se están realizando no pueden ser reveladas. Hemos sumado a cuatro fiscales, algunos territoriales, otros especializados y los equipos ECOH, a este equipo de fiscales que están acompañados de abogados, analistas criminales y gestores que nos van a poder apoyar en el desarrollo acelerado de las diligencias”, señaló.
Cuestionada gestión de la fiscal Marcela Cartagena
La fiscal a cargo de investigar el asesinato de los tres uniformados, no es una figura pública exenta de polémicas.
Marcel Cartagena fue investida en agosto de 2018 por ex fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de una terna en que compitió con Pablo Fritz y el fiscal Juan Yáñez. En su carrera jurídica, la persecutora ha llevado casos que han sido cuestionados por sus resoluciones.
En 2019, los Asesores jurídicos de ENAP denunciaron a la magistrada por conflictos de interés porque su esposo, era parte del equipo jurídico de la empresa de crudo que estaba siendo investigada. El fiscal nacional decretó que el puesto del cónyuge de Cartagena no interviene en el proceso, a pesar de su relación interpersonal.
Por otra parte, Cartagena estuvo a cargo de cerrar el Caso Asipes, el cual se encargaría de dilucidar si empresas ligadas al rubro pesquero financiaron campañas políticas en medio de la tramitación De la cuestionada Ley de Pesca.
La fiscal regional al tomar el caso que investigaba a la exsenadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), el exdiputado Fran Sauerbaum (RN) , su par UDI Sergio Bobadilla, el ex intendente Jorge Ulloa y el ex diputado PPD Cristián Campos, se encargó de cerrarlo en septiembre de 2020.
La persecutora fue cuestionada por la investigación de la muerte de Sergio Mardoff, un joven desaparecido en 2005 y encontrado por casualidad en 2018 en el Servicio Médico Legal (SML). Pese a las solicitudes que se hicieron al Ministerio Público, el caso fue cerrado, sin determinar su causa de fallecimiento y sin determinar la existencia de algún delito.
Otra de las controversias ligadas a Cartagena, es la apertura de un oficio en su contra que revela su intervención en un caso contra de tres personas que violaron la cuarentena en 2020.
La fiscal regional del Bío Bío, estimó que uno de ellos debía ser tratado con reserva para evitar que “publicaciones de prensa” afectaran a tres imputados para “resguardar principalmente los derechos de las personas que aparecen en calidad de imputados en la misma, (…) que puedan perjudicarlo (sic) públicamente”.
Por esta intervención el magistrado Roberto Cayo abrió un oficio en su contra por intervenir (y querer privilegiar), en el caso de tres imputados por violar la cuarentena.
Un caso que empañó la trayectoria de Cartagena, fue el del ciudadano venezolano Luis Lugo Machado, imputado por el homicidio del cado Daniel Palma —quien recibió un disparo en la cabeza cuando fiscalizaba a un vehículo sospechoso en avenida Matta, en Santiago—, ya que el sujeto podría haber estado preso cuando murió el policía.
Lugo había sido detenido el 12 de agosto de 2022 en el centro de Tomé, Región del Biobío, con 12 envoltorios de papel con marihuana. Tres meses antes había sido condenado a 3 años de cárcel por posesión o tenencia de arma prohibida en Concepción y cumplía su pena en libertad vigilada. Pese a esto, la fiscal de Tomé resolvió dejarlo apercibido, en vez de solicitar su control de detención. La respuesta de Cartagena fue abrir una investigación administrativa.
Caso Tomasito
El caso del niño Tomás Bravo es uno de los que más revuelo ha causado en la opinión púbica, no sólo por que involucró la muerte de pequeño, sino porque a tres años del terrible suceso, no ha sido posible hallar un culpable.
El niño de 3 años y medio desapareció el 17 de febrero de 2021 y fue encontrado sin vida 9 días después, en el sector de Caripilún, comuna de Arauco.
El 3 de marzo 2021 el ex fiscal nacional, Jorge Abbott, nombró a la fiscal Marcela Cartagena a cargo de la indagatoria. Esto, luego que juzgado de garantía de Arauco rechazara la prisión preventiva del tío abuelo del niño, formalizado por homicidio calificado, medida cautelar que había sido solicitada por el persecutor José Ortiz.
La indagatoria liderada por Cartegan no logró dar con un resultado contundente, y luego de cuatro solicitudes de plazo para investigación, se cumplió el tiempo y no se logró determinar responsabilidades. por lo que se reformularon los cargos contra el tío abuelo por abandono de menor con resultado de muerte, en vez de homicidio.
Esto llevo incluso a la fiscal hacer un mea culpa, señalando que hubo demasiados errores en el inicio de la investigación. En entrevista con Tele13, la persecutora descargó un rotundo diagnóstico: “Esto ya es una comedia de errores espantosos en la mitad de las cuales estábamos nosotros”.
El 20 de noviembre de 2023, el Ministerio Público dio a conocer que a través de una resolución oficial, el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidió trasladar la causa relacionada con el caso Tomás desde la Fiscalía Regional del Biobío a la jurisdicción de Los Ríos.
De acuerdo al organismo, la medida responde a la querella por sustracción presentada por Estefanía Gutiérrez, madre del menor fallecido.
En ese momento se explicó que la decisión tenía como objetivo “asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso”.
De esa manera, la fiscal Marcela Cartagena fue reemplazada por la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien quedó a cargo de dirigir la investigación.
Solicitud de remoción
El 20 de abril abril de 2023, un grupo de 16 parlamentarios presentaron un requerimiento para solicitar la remoción de la fiscal Marcela Cartagena, por los cuestionamientos de la investigaciones del caso de Tomás Bravo y Sergio Mardoff.
Dicha petición se sustentó con base en la presunción de que el trabajo efectuado por la fiscal durante dichos procesos fue negligente.
“En nuestra calidad de Honorables Diputados de la República, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de nuestra carta magna y artículo 53 de la Ley 19640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público, venimos en interponer Requerimiento de Remoción de la fiscal regional del Biobío doña Marcela Cartagena Ramos, en virtud de las causales de negligencia manifiesta en el ejercicio de su funciones”, señala el documento que fue suscrito por los parlamentarios Jorge Durán, Miguel Mellado, María Luisa Cordero, Juan Irarrázaval, Gonzalo De la Carrera, Roberto Arroyo, Gaspar Rivas, Karen Medina, Rubén Oyarzo, Sergio Bobadilla, Gloria Naveillan, Juan Carlos Beltrán, Flor Weisse, Johannes Kaiser, Johanna Pérez y Leonidas Romero.
Sin embargo, el 10 de mayo de 2023, la Corte Suprema declaró inadmisible la solicitud, debido a que la parte requirente no presentó ni ofreció los medios de prueba necesarios para demostrar los hechos en los que se funda la causal de remoción invocada.
Según el Poder Judicial, “una revisión formal del libelo permite evidenciar que la parte requirente no acompañó, ni ofreció en su presentación, los medios de prueba de que se valdrá para demostrar los hechos en que se funda la causal de remoción invocada”.
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