Con un amplio respaldo nacional e internacional, y emplazamiento al gobierno de Canadá, cerró la campaña de solidaridad con los defensores ambientales de Penco, Región del Biobío, Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, quienes están siendo objeto de hostigamiento y persecución judicial por parte de la minera Aclara Resources.
Como parte de la denuncia a este intento de deslegitimación a la protesta ambiental en Chile, por parte de la minera de origen canadiense, se reunieron 327 firmas en total, entre la cuales se destaca el apoyo de organizaciones internacionales, como The Gaia Foundation, Yes to Life, No to Mining global solidarity network, Canadian Network on Corporate Accountability, y MiningWatch Canada, siendo esta última la convocante para las adhesiones en el norte global.
El objetivo de esta campaña de solidaridad es exigirle al gobierno de Canadá que actúe para frenar los abusos, acoso y persecución a los defensores ambientales de Chile por parte de Aclara Resources.
“Exigimos al gobierno canadiense a través de su embajada en Santiago, implementar «Voces en Riesgo: Directrices de Canadá sobre el Apoyo a los Defensores de Derechos Humanos», y manifestarse públicamente en apoyo con las defensoras ambientales de Penco y su trabajo legítimo de defensa de los derechos humanos, sus territorios y las fuentes de agua”, expresaron su la declaración, las organizaciones firmantes del país norteamericano.
Cabe señalar que las directrices de Canadá para apoyar a los defensores de los derechos humanos, a las cuales se hace referencia en la declaración, establecen un marco de acción que debe ser implementado por funcionarios gubernamentales, especialmente por el personal de asuntos exteriores y las misiones diplomáticas en el extranjero.
Este documento señala que los jefes de misión son responsables de promover los derechos humanos, lo que incluye el respaldo activo a quienes los defienden. Para ello, las embajadas canadienses pueden adoptar diversas medidas, como el mapeo y monitoreo de la situación de los defensores, establecer relaciones directas y constantes con ellos, visibilizar su labor, reconocer sus esfuerzos mediante premios, fortalecer sus capacidades, apoyar redes de solidaridad, dialogar con autoridades locales, colaborar con actores internacionales, acompañarlos en procesos judiciales, hacer declaraciones públicas, brindar asistencia de emergencia y promover una conducta empresarial respetuosa de los derechos humanos, indicaron desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, a través de un comunicado.

Defensa ambiental bajo amenaza de Aclara
En febrero pasado, Aclara Resources, a través de su filial REE Uno SpA, interpuso un recurso de protección en contra de los defensores ambientales Camila Arriagada y Arnoldo Cárcamo, acusándolos de desprestigiar su proyecto de tierras raras y «enlodar su reputación», a través de las redes sociales.
En el recurso de 55 páginas presentado ante la Corte de Apelaciones de Concepción, la empresa minera acusa a ambos pobladores- que por años han denunciado los daños ambientales causados por los proyectos extractivos que han pretendido instalarse en la comuna-, de gestionar la cuentas de Instagram y Facebook de la organización «Keule Resiste», donde presuntamente «han sido víctimas de diversos ataques de terceros destinados a enlodar y afectar la reputación y el buen nombre de Aclara».
La minera mencionada, presentó un recurso de protección acusándolos de dañar su reputación mediante publicaciones en la cuenta de redes sociales “Keule Resiste”.
Ambos activistas han rechazado las acusacionesy advirtieron que se trata un intento de censura e intimidación por parte de Aclara contra todo aquel que se oponga o critique su proyecto de tierras raras.
La acción legal impulsada por la minera ha sido interpretada por organizaciones y movimientos socioambientales como un intento de silenciar la crítica legítima y criminalizar la defensa del territorio.
El hostigamiento contra los ambientalistas no es nuevo. En 2023, Camila Arriagada ya había enfrentado agresiones durante una actividad pública organizada por la empresa, lo que incluso afectó su labor como representante regional. Estos hechos se suman a un patrón más amplio de criminalización de quienes alzan la voz frente a proyectos que afectan el entorno y la vida comunitaria.
En una entrevista reciente con El Ciudadano, Arriagada, quien es exconsejera regional del Biobío, denunció un patrón de hostigamiento por parte de la minera y señaló que siente que su imagen ha sido ensuciada y que tiene un «temor constante» de que pueda pasarle algo a ella o a sus familiares.
«Antes del recurso de protección existe un historial de situaciones conflictivas con esta empresa minera hacia parte de varias personas de acá, de las organizaciones sociales del territorio y en particular con mi persona. Hemos tenido situaciones que yo me he sentido amenazada, me he sentido violentada», relató.
La activista negó haber levantado injurias y calumnias en contra de Aclara Resources y su cuestionado proyecto de tierras raras.
Arriagada planteó que con esta acción judicial, Aclara Resources busca «censurar, acallar las voces críticas del proyecto y esto es una clara muestra de amedrentamiento, no solo a las personas que estamos individualizadas en este recurso, sino que es una señal a cualquier persona que pueda hacer alguna publicación en contra de este proyecto, o que quiera decir que no está de acuerdo con esta iniciativa minera, donde también apuntan a dirigentes sociales».
«Esta empresa ha tenido constantemente lavados de imagen, le ha cambiado el nombre al proyecto para también confundir y constantemente ha hecho publicidad engañosa, porque no ha sido transparente con la comunidad de todos los impactos negativos que va a traer una mega minería tan cerca de las poblaciones», señaló.
Aunque Aclara Resources asegura cumplir con altos estándares, se le han encontrado denuncias que la acusan de realizar actividades extractivas sin autorización en una zona aún en evaluación ambiental. Esta situación, respaldada con registros gráficos y testimonios locales, sigue generando gran preocupación en las comunidades de Penco.
De hecho, la semana pasada el municipio de Penco presentó a través de un oficio formal, su pronunciamiento técnico-jurídico de rechazo al proyecto “Desarrollo minero de extracción de arcillas para producción de concentrado de tierras raras” ante la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío, dando respuesta a la adenda presentada por la empresa.
La entrega del documento estuvo a cargo del alcalde Rodrigo Vera , junto al Concejo Municipal en pleno, demostrando la posición unánime de la comuna frente a una iniciativa que consideran “ambientalmente insustentable, territorialmente improcedente y socialmente inaceptable”.

327 firmas contra la minera Aclara y en defensa de los ambientalistas
La campaña para recolectar firmas en apoyo a los defensores ambientales, que se desarrolló desde el pasado 30 de marzo, tuvo eco en el exterior, consolidándose con nuevas firmas de organizaciones internacionales y personas que viven en otros países, llegando a sumar un total de 327.
«¡Alzamos la voz para exigir el cese de la persecución y la protección de quienes defienden la vida y los territorios!», señalaron desde
A continuación el comunicado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (Ohttps://olca.cl/oca/index.phpLCA):